El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado la presentación de una enmienda a la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias con el objetivo de blindar por ley el modelo de concierto social y garantizar así estabilidad jurídica y económica a las entidades sociosanitarias del tercer sector que colaboran con la Junta de Comunidades.
Durante una visita a Afaes, Núñez ha destacado la “labor ejemplar” que desempeña esta entidad en la atención a personas con problemas de salud mental y ha subrayado que organizaciones como esta constituyen “un pilar fundamental” en la atención sociosanitaria de la región y un apoyo imprescindible para la Administración pública.
Según ha señalado, cuando el Gobierno autonómico opta por canalizar la prestación de determinados servicios a través del tercer sector, debe ofrecer a estas entidades un marco estable que les permita trabajar con seguridad. “Existe un tejido social comprometido, profesional y cercano que presta servicios esenciales a muchos castellanomanchegos y necesita estabilidad”, ha afirmado.
El líder regional del PP ha defendido que es el momento de dar seguridad jurídica y económica a estas organizaciones, evitando que dependan cada año de convocatorias de subvenciones que, a su juicio, generan incertidumbre financiera y dificultan la planificación. En este sentido, ha criticado que muchas asociaciones tengan que esperar a la publicación y resolución de ayudas, o recurrir a financiación bancaria sin conocer con exactitud los recursos que percibirán.
Asimismo, ha advertido de que los costes de funcionamiento de estos centros se han incrementado por la subida de suministros como la electricidad, la alimentación, la limpieza o los salarios, sin que, según ha denunciado, se haya producido un ajuste proporcional en la financiación pública. “No puede existir un desfase entre el aumento de gastos y los fondos que reciben cuando están prestando un servicio que la propia Junta ha decidido externalizar”, ha sostenido.
Por ello, Núñez ha pedido al Gobierno regional y al PSOE que actúen con “sensibilidad” durante la tramitación parlamentaria y escuchen las demandas del tercer sector, aceptando una propuesta que, a su juicio, supondría un cambio relevante en el modelo de políticas sociales de Castilla-La Mancha.
Finalmente, ha asegurado que la aprobación de esta medida permitiría a las entidades sociosanitarias contar con una cobertura estable para mantener y desarrollar sus servicios, garantizando una atención continuada y de calidad a las personas más vulnerables de la comunidad autónoma.
