La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha defendido este martes el Plan regional de Biometanización, que pretende regular cómo se tienen que instalar este tipo de plantas y que «no fomenta el que se construyan» sino establecer «de forma transparente» cuáles son las medidas que tienen que adoptar las empresas que quieran situarse en la región y tratar residuos orgánicos para transformarlos en biometano.
A preguntas de los medios este martes en rueda de prensa tras las críticas de diversos colectivos a la proliferación de nuevos proyectos de macroplantas de biogás y biometano por toda la región, Gómez se ha preguntado dónde irían los residuos -hasta 15,9 millones de toneladas de vinazas, estiércoles, pajas o lodos de depuradora- que generamos, considerando que «hay que ser cauto» cuando se habla de este tema.
«Entiendo que nadie quiere tener cerca una planta, pero el plan garantiza que esas plantas se sitúen en zonas donde no generen problemas y los camiones no atraviesen ninguna población», destacando también el papel que juegan los municipios «para decidir dónde deben de tratar sus residuos y en qué zonas situar este tipo de plantas», siendo ellos los que tienen «potestad o no de decidir dónde se debe ubicar cualquier tipo de planta y de darle o no la licencia de obra para poderse instalar».
Ha incidido la consejera en que el plan de Biometanización «quiere ser garantista para proteger a todos los ciudadanos» teniendo en cuenta que los sistemas de producción de estas plantas no provocan contaminaciones. No obstante, ha añadido que estarán «vigilantes con cualquier tipo de planta de producción de cualquier elemento» que pueda contaminar la atmósfera, llegando a sancionar o incluso a cerrar las instalaciones que no cumplan, como se hace con cualquier proyecto empresarial que incumpla sus autorizaciones ambientales integradas y sus declaraciones ambientales.
El pasado mes de diciembre acabó el segundo periodo de información pública del Plan regional de Biometanización presentado por la Junta, habiéndose presentado 65 en total, aunque algunas de las alegaciones incluían 2.400 firmas, según han confirmado fuentes del Ejecutivo autonómico.
Preguntado por la adjudicación de la elaboración y evaluación ambiental a Biovic Consulting, una empresa que desarrolla plantas de biogás, la consejera ha confirmado que el inicio de la tramitación se inició con un contrato menor a dicha empresa, pero con el objetivo de analizar el tipo de residuos que había en Castilla-La Mancha y «saber exactamente a qué nos enfrentábamos», asegurando que «en ningún momento» hicieron el desarrollo de un plan específico ni «muchísimo menos» sobre la regulación de la instalación de las plantas, que es una capacidad del Gobierno regional.
Sobre si las plantas podrían acabar tratando residuos de otros lugares fuera de la Comunidad Autónoma, Mercedes Gómez ha explicado que en el Plan de Biometanización se especifica que la recogida de residuos «deberá realizarse en 30 kilómetros a la redonda» y que no se podrá instalar una planta si no hay disposición de residuos.
Es por ello que, como ha aclarado la consejera, los municipios que hagan frontera en otra región con una planta en ese radio de distancia «sí tendrían la posibilidad de llevar sus residuos» a la misma, pero ha recordado que el transporte de esta materia orgánica «no es viable» y que no se fomenta que se traigan residuos de otras regiones sino que «tratemos lo que ya generamos». «No hay otras soluciones para hacerse cargo de estos residuos», ha concluido.
«BURBUJA ESPECULATIVA»
De forma previa a esta rueda de prensa, Stop Ganadería Industrial, en un comunicado, ha criticado que en la web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha figuran a día de hoy 71 proyectos de macroplantas de biogás y biometano en distintos grados de tramitación y que casi la mitad de estos proyectos se concentran en la provincia de Toledo (34), seguida de Albacete (15), Ciudad Real (13), Cuenca (5) y Guadalajara (3).
Este colectivo sostiene «que hay una burbuja especulativa» en el biogás basada en los fondos europeos y que «el sector es consciente de que muchos de los proyectos están condenados al fracaso por errores de diseño, tamaño, ubicación, red de distribución, tratamiento y gestión del digestato».
Igualmente, denuncian que la Junta de Comunidades «ha dejado la regulación en manos del libre mercado, sin poner condiciones en cuanto a tamaño, distancia de transporte de sustratos, obligación de retirada de nutrientes o acreditación de tierras disponibles para la valorización».
