El Gobierno de Castilla-La Mancha ha considerado «razonable» que, si hubiera una condena firme contra la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, en el marco de la ‘Operación Kitchen’, renunciara a «todos los privilegios» de los que pudiera disfrutar como exjefa del Ejecutivo castellanomanchego.
A preguntas de los medios este miércoles en rueda de prensa, la consejera portavoz, Blanca Fernández, ha señalado que no es una cuestión que el Gobierno de Emiliano García-Page tenga encima de la mesa, porque no funcionan por «imput judiciales», pero es una vía que podrían valorar si se ratificara una condena.
«No es alegre ver a una expresidenta de Castilla-La Mancha pasar por el juzgado. Estamos en un supuesto muy grave, si se prueba que hay una operación parapolicial sería extremadamente grave. Ojalá la instrucción fuera rápida y se esclarecieran los hechos», ha manifestado Fernández.
SITUACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS
Los privilegios de ex presidentes están enmarcados en la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo. En octubre de 2015, PP y Podemos no consiguieron sacar adelante su intención de eliminar los privilegios a los ex presidentes de la Junta, tras el rechazo del PSOE, que argumentó que querían abordar el debate a nivel nacional para «homogeneizar» esta cuestión.
En esa misma sesión plenaria, el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page pidió a los ex presidentes regionales José Bono, José María Barreda y María Dolores de Cospedal que formalizaran su petición de renunciar a los privilegios que les concede el estatuto de los ex presidentes para poder tramitar la retirada de esas condiciones «sin género de dudas».
Casi un mes después, la Junta confirmó que había recibido las cartas de renuncia de los ex presidentes socialistas Bono y Barreda, mientras Cospedal optó por no formalizar esta misiva, explicando que no lo veía necesario, ya que ya había renunciado explícitamente a los mismos hace más de cinco años, «nunca» los había pedido y había pedido su eliminación.
