El secretario general de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda, se ha mostrado muy crítico ante la «inacción» de los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha para solucionar la superpoblación de conejos que sufre el campo de la región, y no ha descartado acudir a la justicia para pedir responsabilidades escudándose en que «ya hay jurisprudencia» contra el Ministerio de Fomento y Adif.
Fresneda, que en rueda de prensa ha recordado que ASAJA ya impulsó movilizaciones en pasadas legislaturas por la misma problemática, ha enumerado las reuniones con los gobiernos estatal y regional, a las que ha sumado las comunicaciones y notas de prensa celebradas para poner el acento en el caso.
En su opinión, en el pasado mandato «se empezaron a poner los primeros parches», si bien llegaron «los primeros compromisos y los primeros engaños».
«En diciembre de 2014 nos enseñaron un borrador de un convenio entre administraciones que nunca se publicó. El Gobierno central ni estaba, ni se le esperaba», ha rememorado, para lamentar que todas las administraciones de todos los colores políticos con las que han tenido que negociar el asunto prefieren interlocutar con otros agentes del sector primario «con los que se sienten más cómodos», algo que no ocurre con ASAJA ya que se trata de una «organización seria».
Según el dirigente de la entidad, los agricultores están sufriendo «una desgracia sobrevenida y provocada por los dos partidos que han gobernado».
Siguiendo con su repaso, ha apuntado que en 2015 la oficina del Defensor del Pueblo llegó a admitir a trámite una denuncia de ASAJA, pese a lo que no ha habido «avances» para solucionar el problema. «Es una institución que debe de estar respetada por todos, y le han engañado», ha lamentado.
QUE LOS GOBIERNOS ABORDEN LA SOLUCIÓN
Entre las reivindicaciones de la organización agraria, Fresneda ha acentuado la petición de que «se sienten» los gobiernos estatal y regional para abordar la solución.
En sus palabras, «desde 2009 no se ha aplicado ninguna solución» y sólo «malos parches» que han generado «un problema social, malestar entre cazadores y agricultores y un lío muy grande en el que los dos grandes partidos de la región se sienten cómodos porque no les importa el daño».
Abundando en esta crítica, este «conflicto» ha servido para que PP y PSOE «encuentren su zona de confort sin importarles lo que pasa, porque no lo arreglan».
Así, ha aseverado que llevan pidiendo esta reunión desde hace un año, y desde entonces sólo se han visto «mentiras». Para Fresneda, los «parches» de ampliar periodos de caza, las mallas conejeras o la limpieza de carreteras «no son suficientes».
«Nosotros ya hemos decidido que no podemos seguir pidiendo que se junten. Para ellos es un negocio. Si por ser especie cinegética no se puede declarar plaga, que se actúe como tal. Hay empresas públicas que pueden quitar los conejos de donde están con una actuación contundente y fuerte», ha reclamado.
En este punto ha reparado en el Programa Priorimancha amparado en el Proyecto europeo Life Iberlince, «el culpable de que se soltaran conejos con una dotación de cinco millones de euros». «Esto no era un acto de buena fe para repoblar, era un negocio para la Junta, desde el minuto uno», ha dicho Fresneda, fechando en el mandato de María Dolores de Cospedal la puesta en marcha de esta iniciativa.
PIDE SUSPENDER LA PROTECCIÓN DE LA ESPECIE
Ha sido en este punto en el que ha avanzado su próxima reivindicación al Gobierno regional, que pasa por derogar el Decreto de 2009 que declaraba al conejo especie cinegética de interés, algo que «roza la ilegalidad».
«Si se deroga, el Seprona dejará de tener un instrumento legal para acosar a los agricultores, y no podrá perseguir un delito que ya no estará tipificado por ley. Y si se suspende, no se podrá repoblar ningún conejo más», ha afirmado.
Al Gobierno de España, las peticiones pasan por «limpiar ríos y arroyos», además de acometer limpieza de taludes en las carreteras propiedad del Estado y la puesta en marcha de «seguros agrarios y cinegéticos».
Otra de las acciones en el corto plazo pasa por conformar una Asamblea de Afectados por la plaga que articulará una denuncia colectiva, toda vez que «ya hay sentencias que condenan a Adif y a Fomento» y ya hay «jurisprudencia».
«Y como no nos queda otra cosa nos vamos a ir a la Defensora del Pueblo de la Unión Europea. Asaja siempre ha sido muy profesional y ha tenido independencia política. Y por eso lo vamos a conseguir», ha avanzado el líder de la organización agraria, que ha añadodp que estas medidas quedarán refrendadas este lunes, cuando la organización agraria tendrá Comité Ejecutivo a nivel regional para tomar decisiones.
Fresneda ha dicho además que, toda vez que «el daño ya está hecho», no habrá «paso atrás» en su intención de acudir a la justicia y a la Unión Europea aunque desde las administraciones den nuevos pasos para solucionar el problema. Además, habrá reuniones con otros territorios afectados para sumar fuerzas en esta reclamación.
