La implantación de la nueva Sección de Violencia de Género en Ciudad Real, creada para asumir también los casos procedentes de los partidos judiciales de Puertollano, Almagro y Valdepeñas, ha generado inquietud entre los trabajadores del sector judicial por la ausencia de medios, formación y planificación. Así lo ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que exige al Ministerio de Justicia medidas urgentes para dotar adecuadamente este nuevo órgano judicial.
Desde CSIF se critica que esta sección haya comenzado a funcionar sin dotación suficiente de personal ni formación especializada para el personal funcionario encargado de su funcionamiento.
“Sin medios materiales ni informáticos suficientes, sin personal especializado ni complemento retributivo, con una inexistente formación y sin una eficaz coordinación tanto con los Tribunales de Instancia integrados en dicha Sección como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es imposible que el servicio público a prestar a la ciudadanía y, especialmente a las víctimas, mejore de forma sustancial”, ha advertido Alfonso Sánchez, responsable provincial del sector de Justicia de CSIF en Ciudad Real.
Actualmente, la Sección cuenta solo con tres funcionarios de forma fija, mientras que otros tres cubren turnos rotatorios procedentes de distintas oficinas, en muchos casos sin experiencia previa en esta materia. Esto ha llevado a que sean funcionarios del servicio de guardia ordinaria quienes estén asumiendo funciones de apoyo, lo que, según el sindicato, compromete seriamente la calidad del servicio prestado.
Desde CSIF también se recuerda que la creación de esta nueva sección fue aprobada mediante el Real Decreto 422/2025, de 3 de junio, en el marco de la aplicación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LO 1/2025, de 2 de enero). Uno de sus principales objetivos era ampliar la competencia de estas unidades para abordar no solo la violencia dentro de la pareja o expareja, sino también los delitos sexuales contra mujeres en cualquier contexto.
Pese a este objetivo de especialización, la sección solo ha sido dotada con una plaza de Magistrado y otra de Fiscal, sin que se haya determinado con claridad qué personal de los Cuerpos Generales de Justicia debe incorporarse. Esto, junto con la falta de previsión del Ministerio para desarrollar el nuevo modelo organizativo, está provocando descoordinación y carencias estructurales.
“No se puede modernizar la Administración de Justicia a coste cero, como ha pretendido el Ministerio con esta reforma”, ha afirmado Sánchez, subrayando que, además de personal y formación, se requiere la aprobación de un complemento específico y una estrategia clara de coordinación entre todos los agentes implicados.
En este sentido, el sindicato insta al Ministerio a implementar de forma inmediata una formación adecuada que permita la especialización real del personal, así como la mejora de plantillas y la definición de criterios organizativos claros, para garantizar una atención eficaz a las víctimas y mejorar el funcionamiento del servicio público de justicia en la provincia.
