La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos pedirá al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a Bruselas que las Administraciones públicas no puedan ser beneficiarias directas de la Política Agrícola Común (PAC), tras analizar los datos del FEGA de los perceptores de fondos europeos del FEAGA y el Feader derivados de la Política Agrícola Común (PAC) en las campañas 2017 y 2018.
En concreto, la organización agraria ha señalado que entre los 10 mayores perceptores se encuentran seis Administraciones Autonómicas y dos entidades públicas que se están subvencionando a sí mismas y reclama que en la PAC reformada se excluya o, cuando menos, se limite esta práctica.
Unión de Uniones denuncia que determinadas administraciones se están financiando con fondos de la PAC, que deberían llegar a las explotaciones y empresas del sector agrario y el medio rural, para llevar a cabo sus actuaciones públicas que tendrían que alimentarse con recursos propios.
De esta forma, la Junta de Castilla-La Mancha habría recibido 91,6 millones de euros en los dos pasados años siendo el mayor receptor de ayudas, seguida por la Comunidad de Madrid, con 57 millones de euros, y la Xunta de Galicia, con 47,7 millones de euros.
Por su parte, la Junta de Extremadura, el Gobierno de Aragón y el Principado de Asturias entran también en este ‘Top-10’ de beneficiarios de la PAC con 47,7 millones de euros, 22,9 millones de euros y 14,7 millones de euros, respectivamente.
Respecto a entidades públicas instrumentales, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, con 27,4 millones de euros, y la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (13,3 millones de euros) son las que aparece en los puestos quinto y décimo.
«Determinadas Consejerías se están financiando con dinero que debería ir directamente a las iniciativas del sector. A menudo nos fijamos en cómo un 5% de los beneficiarios de pagos directos se lleva el 50% de los mismos y pedimos medidas para que se repartan mejor las ayudas, pero lo que está pasando con la apropiación del dinero del desarrollo rural por parte de las administraciones públicas puede llegar a ser igual de injusto o peor», han señalado desde la organización agraria.
Unión de Uniones reivindica que en el plan estratégico nacional que aplicará la PAC reformada en España, se excluya esta posibilidad a las administraciones como beneficiarios directos de estas ayudas, o que se establezcan límites razonables para que no pueda hacerse de manera sistemática y generalizada.
