La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), María Pilar Astray, ha advertido de la situación de “colapso en violencia de género” que atraviesan los tribunales de la región, una situación que, según ha señalado, afecta directamente a la atención que reciben las víctimas.
Astray ha realizado esta advertencia en una entrevista concedida a Europa Press, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde ha reclamado “medidas urgentes, activas y materiales” para que el compromiso institucional contra las agresiones machistas sea “real y tenga realmente eficacia”.
Falta de personal y aumento de casos
La presidenta del alto tribunal regional ha explicado que esta saturación se debe principalmente a la falta de personal en los juzgados especializados.
Mientras mostraba una copia con numerosas incidencias registradas en la sección de Violencia de Género, Astray ha señalado que las solicitudes para aumentar las plantillas ya han sido trasladadas al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial, aunque asegura que hasta el momento “no han sido ni contestadas ni valoradas”.
La magistrada ha advertido además de las consecuencias de esta situación: “El tiempo se nos echa encima y el problema de la violencia es que en cualquier momento algo que se ha quedado sin atender puede tener una importancia vital”.
Retrasos en diligencias y procedimientos
Astray ha explicado que el volumen de trabajo en estos juzgados es especialmente elevado porque, además de los procedimientos penales, también asumen competencias civiles, como divorcios o medidas relacionadas con la protección de las víctimas.
Según ha detallado, durante las guardias se atienden los asuntos más urgentes, pero otras diligencias de prueba pueden retrasarse, lo que prolonga el conflicto judicial y la incertidumbre de las víctimas.
A esta situación se suma la presión diaria sobre los juzgados, donde los funcionarios deben gestionar un flujo constante de detenidos, lo que complica aún más la organización del trabajo.
Problemas en varias provincias
La presidenta del TSJCLM ha señalado varias situaciones concretas en distintos puntos de la región. En Ciudad Real, por ejemplo, se ha creado una nueva plaza de violencia de género, pero sin dotación de personal, lo que impide que pueda funcionar a pleno rendimiento.
En Toledo, la segunda plaza creada también funciona “con déficit y sobre mínimos”, mientras que en los juzgados de Ocaña existe un importante atasco debido a que la plantilla está dimensionada para una carga de trabajo menor que la actual.
Además, Talavera de la Reina ha comunicado recientemente que su servicio de guardia está sobrepasado por los casos de violencia de género, y en ciudades como Guadalajara también se ha detectado la necesidad de nuevas salas de vistas.
Dificultades para cubrir plazas
Otro problema añadido, según Astray, es la dificultad para cubrir algunos puestos en zonas con menor población, una circunstancia relacionada con la llamada España vaciada.
En estos territorios la litigiosidad es menor, lo que hace que las nuevas asignaciones de plazas suelan priorizar las grandes ciudades, dejando a la región con puestos necesarios que no se benefician de la creación de nuevas plazas en comparación con otras comunidades autónomas.
Adaptación al nuevo sistema judicial
Esta situación se produce además en un momento de transición para la justicia regional con la implantación de los Tribunales de Instancia, un nuevo modelo organizativo que ha generado incidencias en algunas sedes judiciales.
Según ha explicado la presidenta, en lugares como Albacete se han vivido semanas de adaptación en las que “los profesionales no sabían ni a quién ni a dónde llamar”, debido a los cambios organizativos.
Astray ha confiado en que el sistema se vaya estabilizando progresivamente, aunque ha advertido de que la falta de personal seguirá siendo un problema estructural.
Petición de medidas de choque
Ante este escenario, la presidenta del TSJCLM ha pedido al Ministerio de Justicia “medidas de choque durante unos cuatro meses” para reducir el volumen de asuntos atrasados y aliviar la carga de trabajo de los juzgados.
“Necesitamos que el Ministerio de Justicia nos escuche”, ha concluido.
