El vicepresidente segundo de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) y responsable de Aguas Subterráneas, José Joaquín Gómez Alarcón, participó recientemente en Madrid en Consejo Nacional del Agua (CNA), donde presentó un voto particular en contra a la aprobación de los Planes Especiales de Sequía (PES).
Gómez, también presidente de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II y representante titular de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana en el CNA, considera necesaria la aprobación de los PES, al tratarse de instrumentos legalmente exigidos y fundamentales para gestionar situaciones excepcionales de escasez hídrica, pero justifica su rechazo al centrarse en indicadores, fases y medidas restrictivas, “que no abordan de manera suficiente la atención a las demandas reales ni ningún informe que lo acredite, ni tampoco incorporan informes de impacto socioeconómico derivados de su aplicación”.
Añade que esta carencia resulta “especialmente significativa” en cuencas estructuralmente deficitarias como las del Guadiana, Guadalquivir o Segura, donde la activación de las fases de alerta o emergencia tiene efectos directos sobre el empleo, la actividad agraria, el abastecimiento urbano y la cohesión territorial.
Por ello, no apoya la aprobación de los Planes Especiales de Sequía entendiendo que debe hacerse acompañada de un compromiso claro: reforzar la coordinación con los planes hidrológicos de cuenca; incorporar análisis socioeconómicos cuando se activen las fases más graves y avanzar hacia una gestión de la sequía más integral, que combine la protección ambiental con la viabilidad social y económica de los territorios afectados.
Planificación del agua
Con esta posición, reitera la voluntad de colaboración pero al tiempo que defiende una planificación del agua “más equilibrada, realista y socialmente sostenible”.
En definitiva, argumenta el voto en contra de los Planes Especiales de Sequía (PES) porque no incluyen compensaciones económicas por daños socioeconómicos ni medidas que minimicen los negativos impactos; no evalúan de forma sistemática las pérdidas en renta, empleo o actividad y se limitan a regular restricciones y prioridades de uso en situaciones excepcionales.
Además, solicita un mecanismo de compensación cuando el daño es grave, prolongado y no imputable al usuario, pues, “de lo contrario, la sequía se gestiona a costa de determinados territorios o sectores”.
José Joaquín Gómez lamenta que “los PES solo desarrollan la dimensión ambiental y restrictiva, ignorando la social y económica, que queda desprotegida por lo que incluir compensaciones equilibraría el sistema”.
Indica que un PES debe prever que en fases de alerta grave o emergencia se activen mecanismos de evaluación y compensación, “lo que aportaría mayor aceptación social; menos litigios y más legitimidad institucional”.
Recordatorio de la dotación presupuestaria para el PEAG
En Madrid, José Joaquín Gómez recordó al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el compromiso anunciado en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) en septiembre de 2022 sobre la dotación de 250 millones para el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), “del que nunca más se supo”.
