La Asociación Nacional de Comercializadores y Productores de Ajo (ANPCA) ha alertado en una asamblea celebrada en Las Pedroñeras (Cuenca) sobre la difícil situación que atraviesa el cultivo y la comercialización del ajo español, especialmente el ajo morado.
El sector, que representa más del 70 % de la producción total de ajo en la Unión Europea, reclama a las administraciones públicas la adopción de medidas concretas y eficaces de cara a la próxima campaña.
Durante el encuentro, la ANPCA ha subrayado que la posición de liderazgo de España en el mercado europeo “se encuentra hoy seriamente amenazada por una serie de factores estructurales que el sector viene denunciando desde hace años y que exigen una respuesta política a la altura del desafío”. Uno de los principales problemas señalados es la pérdida sostenida de rendimientos por hectárea, con especial incidencia en el ajo morado, la variedad más tradicional y de mayor valor añadido.
Según la asociación, “esta caída de productividad es consecuencia directa de la política fitosanitaria de la Unión Europea, que ha ido eliminando materias activas imprescindibles para el control eficaz de plagas y enfermedades que afectan al cultivo, especialmente en los meses de mayo, junio y julio”.
Las herramientas fitosanitarias actualmente disponibles resultan menos eficaces y más costosas, lo que ha incrementado los costes de producción por hectárea y ha reducido la rentabilidad para los agricultores.
Como consecuencia, “muchos agricultores han optado por sustituir el cultivo de ajo morado por variedades más tempranas, que permanecen menos tiempo en el campo, ofrecen algo más de rendimiento y se ven menos afectadas por las plagas y enfermedades de la segunda mitad de la primavera y el verano. Esta tendencia, sin embargo, supone un retroceso en la calidad y en el valor añadido del ajo español”, advierte la ANPCA.
A esta situación se suma la “ineficacia” del actual arancel específico al ajo, fijado en 1.200 euros por tonelada y que no ha sido actualizado desde 2001. El efecto de la inflación ha erosionado su capacidad protectora, permitiendo que el precio de entrada del ajo chino y egipcio, incluso aplicando el arancel vigente, se sitúe por debajo de los costes de producción europeos.
“Esta situación ha propiciado un aumento significativo de las importaciones procedentes de terceros países, principalmente China y Egipto, con productos de menor calidad y menores garantías de seguridad alimentaria, que están desplazando al ajo europeo en el mercado comunitario en las dos últimas campañas”, señala la asociación.
El presidente de ANPCA, Juan Salvador Peregrín, ha hecho un llamamiento a las autoridades nacionales y europeas para que adopten acciones contundentes que permitan “salvaguardar un cultivo de enorme relevancia social y económica, tanto a escala nacional como europea”.
Peregrín ha subrayado que el sector “no puede seguir afrontando en solitario el coste de unas políticas que lo dejan en manifiesta desventaja competitiva frente a países terceros que no están sujetos a las mismas exigencias medioambientales, fitosanitarias ni sociales”.
Por su parte, el vicepresidente de la asociación, Antonio Escudero, ha advertido que la línea 330 de Agroseguro, destinada a cubrir el cultivo del ajo, “no recoge adecuadamente los avances tecnológicos y productivos que se han producido en el sector, en particular los relacionados con los modernos sistemas de recolección mecanizada”.
Escudero ha anunciado que ANPCA presentará próximamente ante Enesa y Agroseguro un estudio técnico y una propuesta formal de actualización de dicha línea, con el objetivo de adaptar la cobertura a la realidad actual del cultivo y garantizar una protección real y efectiva para los productores.
La ANPCA ha recordado que el ajo es “el alma de comarcas enteras donde este cultivo ha vertebrado durante generaciones la actividad económica, el empleo y la propia identidad del territorio”. La asociación destaca que “el ajo es un cultivo social en el más amplio sentido del término: su laboreo exige una mano de obra intensiva que genera miles de jornales en zonas rurales donde apenas existen alternativas de empleo”.
Además, recalcan que “en un contexto de despoblación galopante, el ajo cumple además una función irreemplazable como cultivo fijador de población. Allí donde permanece una explotación ajera, permanece también una familia, una cuadrilla, un negocio, una escuela con niños y un pueblo con futuro”.
Por todo ello, la ANPCA concluye que renunciar a este cultivo “no es solo una decisión agronómica o económica: es condenar a la desaparición a comunidades que llevan décadas apostando por él como fuente de vida y de arraigo”, y exige que el ajo sea reconocido por las instituciones como un cultivo “estratégico” para la sostenibilidad del medio rural español.
