Representantes de la Federación de Regantes del Alto Guadiana (FERGUALT) se reunieron este lunes en Toledo con la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, y la Directora General del Agua, Montserrat Muro, para analizar la situación de la política hídrica regional y los retos que afrontan los usuarios de aguas subterráneas, especialmente los agricultores.
Durante el encuentro, el presidente de FERGUALT, Ángel Bellón, expuso las “especiales circunstancias del Alto Guadiana”, reclamando el respaldo del Gobierno regional en la defensa de los intereses de los usuarios de aguas subterráneas. Bellón detalló los principales problemas de la zona, entre los que destacó “la carencia de recurso suficiente para atención de las demandas; el retraso en la tramitación administrativa de expedientes y el planteamiento restrictivo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) de cara al próximo ciclo de planificación (2028-2033)”.
Ante este escenario, Bellón hizo un llamamiento a la “unidad y colaboración entre las diferentes entidades públicas y privadas”, solicitando además un “planteamiento de tratamiento normativo diferenciado para el Alto Guadiana justificado por su especificidad”.
El presidente de FERGUALT recordó que, como se ha puesto de manifiesto en las diferentes reuniones de las mesas de trabajo provinciales sobre agua, es necesario presentar alegaciones y sugerencias al Esquema Provisional de Temas Importantes tanto desde cada Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS), como por la propia Federación, a las que se unirán las que sean presentadas por la Administración regional.
Bellón apuntó que el plazo de presentación de alegaciones al cuarto ciclo de planificación hidrológica finaliza el próximo 28 de mayo, y subrayó la necesidad de “pedir responsabilidades de los retrasos administrativos en la resolución de expedientes por parte de la Confederación, de hasta diez años”.
El objetivo, según incidió Bellón, es “hacer un frente común ante el planteamiento de la CHG, que pasa por la extinción de derechos; la eliminación de garantías procesales establecidas en la normativa de aguas; la pérdida de vigencia del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) o la reducción de superficie de regadío y volúmenes concesionales y todo ello sin tener en consideración las graves consecuencias socioeconómicas, directas e indirectas, que tales propuestas acarrearán para vecinos y localidades del Alto Guadiana”.
