Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, UGT Castilla-La Mancha ha anunciado movilizaciones en toda la región el próximo martes 28 de abril bajo el lema “La ley no nos protege, el siglo XXI exige cambios”. El sindicato reclama una reforma urgente de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y una actuación más contundente ante la siniestralidad laboral, las enfermedades profesionales, los riesgos psicosociales y la ausencia de una cultura preventiva en las empresas.
Las concentraciones tendrán lugar en diferentes puntos de la región. En Albacete, UGT se concentrará a las 12:00 horas en la plaza Mayor. En Ciudad Real, la protesta se desarrollará a las 11:00 horas en la plaza Mayor, frente a la sede de Fecir. En Guadalajara, la sede de Ceoe-Cepyme será el escenario de la movilización a las 11:00 horas, mientras que en Toledo y Cuenca el sindicato se concentrará a las puertas de ambas sedes.
UGT Castilla-La Mancha considera que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que cumple 30 años, no responde a las transformaciones del mercado de trabajo. El sindicato destaca que la normativa actual no contempla “avances en la digitalización, consecuencias del cambio climático, aumento de la presencia de las mujeres en el mundo del trabajo y en ocupaciones que anteriormente eran reservadas en exclusiva a los hombres, el envejecimiento de la población trabajadora…”.
La organización sindical califica los accidentes laborales como una “verdadera lacra” en España y especialmente en Castilla-La Mancha, donde “solo de enero a febrero de este año, ocho personas ya han perdido la vida en sus puestos de trabajo”.
UGT recuerda que 2026 ha sido declarado en España Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que, según el sindicato, “confiera mayor fuerza al próximo 28 de abril”.
El sindicato denuncia que las evaluaciones de riesgos en las empresas, aunque obligatorias por ley, “muchas veces ni existen y cuando se realizan, a menudo son deficientes y no identifican todos los riesgos asociados, tampoco con los procesos crónicos”.
Añade que las enfermedades profesionales son tratadas como enfermedades comunes, lo que “evita su correcto registro e impide que se puedan acometer las medidas preventivas necesarias”. Esta situación, según UGT, provoca la “pérdida de prestaciones para las personas afectadas y la sobrecarga en la ya de por sí mermada sanidad pública”.
Otro de los aspectos destacados por UGT es el aumento de los problemas de salud mental vinculados a la organización del trabajo, sin que las empresas intervengan. El sindicato señala que “los desórdenes mentales no forman parte del cuadro de enfermedades profesionales vigente en nuestro país, por eso estas enfermedades no se notifican como tales”.
