Diversas plataformas ciudadanas de Castilla-La Mancha, entre ellas colectivos de Tomelloso junto a los municipios de Arenales de San Gregorio y Pedro Muñoz, han reclamado la paralización del Plan Regional de Biometanización 2030 tras denunciar que 13.400 alegaciones presentadas durante el periodo de información pública han sido ignoradas por la Junta de Comunidades.
La protesta ha sido impulsada por las plataformas STOP Biometano y otros colectivos sociales y ecologistas de la región, que consideran que el actual planteamiento del plan puede tener importantes consecuencias para el medio ambiente, la salud pública y el desarrollo socioeconómico de los municipios afectados.
El manifiesto que respalda esta reclamación cuenta con el apoyo de plataformas y organizaciones de numerosas localidades de Castilla-La Mancha, entre ellas Tomelloso, además de municipios como Campo de Criptana, Daimiel, Manzanares, Membrilla, Socuéllamos o Valdepeñas, así como organizaciones como Ecologistas en Acción y Verdes Equo Castilla-La Mancha.
Preocupación por los impactos ambientales y sanitarios
Los colectivos firmantes sostienen que la Declaración Ambiental Estratégica del plan presenta importantes carencias, ya que —según afirman— permitiría la implantación de entre 80 y 100 plantas de biometano en la región sin suficientes garantías ambientales.
Entre las principales críticas destacan la falta de evaluación de los impactos acumulativos que podrían generar varias instalaciones en un mismo territorio, así como posibles riesgos para la salud y los recursos hídricos, especialmente por la contaminación de acuíferos con nitratos derivados del digestato.
También señalan un posible conflicto de intereses en la elaboración de los estudios técnicos, al asegurar que la misma entidad habría participado tanto en la elaboración de la hoja de ruta del biogás como en el estudio ambiental estratégico.
Asimismo, advierten de un posible impacto negativo en actividades económicas clave de la región, como el turismo rural o producciones agrícolas con Denominación de Origen Protegida (DOP), lo que, según denuncian, podría convertir a algunos municipios en “zonas de sacrificio”.
Petición de reunión con el Gobierno regional
Las plataformas han solicitado una reunión urgente en un plazo de 15 días con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el vicepresidente segundo José Manuel Caballero y la consejera de Desarrollo Sostenible.
Entre sus principales demandas se encuentran la suspensión cautelar de nuevas autorizaciones vinculadas al plan, la anulación de la Declaración Ambiental Estratégica y la revisión individualizada de las 13.400 alegaciones presentadas.
También reclaman una moratoria para la instalación de nuevas plantas en zonas vulnerables por nitratos o acuíferos sobreexplotados, así como una investigación administrativa sobre posibles conflictos de intereses y la prohibición temporal del uso agrícola del digestato considerado de riesgo hasta que existan protocolos claros de control.
Los colectivos han advertido que, si no reciben una respuesta por parte del Gobierno regional, intensificarán las movilizaciones y estudiarán nuevas acciones administrativas y judiciales para defender lo que consideran el futuro ambiental y económico de sus comarcas.
