El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha firmado un convenio con diez comunidades autónomas para establecer licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales, según se publicó este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta medida elimina la necesidad de obtener licencias individuales en cada comunidad, permitiendo a los usuarios ejercer estas actividades en todo el territorio de las regiones adheridas con una única autorización.
El acuerdo sustituye al marco legal vigente desde 2017 e incorpora por primera vez a Castilla-La Mancha y Andalucía, que no formaban parte del convenio anterior. Desde el Ministerio, dirigido por Luis Planas, se ha destacado que esta iniciativa representa un «avance muy significativo» que responde a los principios de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, además de garantizar una gestión sostenible y compatible con el dinamismo económico de las zonas rurales.
Las licencias tendrán una validez anual y un coste fijo de 70 euros para la caza y 25 euros para la pesca en aguas interiores. Además, las sanciones por infracciones cometidas en una comunidad se aplicarán automáticamente en todas las demás, reforzando así el control y la regulación conjunta. La gestión operativa del sistema se apoyará en la plataforma Licicaz-web, desarrollada y mantenida por el Ministerio, que permite el intercambio automático de información entre administraciones y facilita la gestión en tiempo real de altas, bajas y verificación de requisitos.
En la rueda de prensa celebrada este martes, la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, valoró positivamente el acuerdo, señalando que responde a una demanda del sector cinegético regional recogida en el Pacto por la Caza, compromiso adquirido por el presidente Emiliano García-Page. «Seguimos dando pasos firmes para cumplir todos los requisitos que en el Pacto por la Caza suscribimos y que con esta licencia se da un paso más», afirmó la consejera.
Este convenio supone un avance en la simplificación administrativa para cazadores y pescadores, favoreciendo la movilidad y la cohesión territorial en estas actividades tradicionales, al tiempo que mantiene un control riguroso y coordinado entre las comunidades autónomas implicadas.
