El proyecto de Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha llegará al pleno de las Cortes con 8 enmiendas ya incorporadas al dictamen —cinco del PSOE y tres del PP— y otras 41 vivas para su debate final. Así se ha acordado este martes en la Comisión de Sanidad, donde los socialistas respaldaron también tres iniciativas de los ‘populares’.
Además, el PSOE señaló que cuatro enmiendas del PP coincidían con propuestas propias y planteó dos transaccionales a los ‘populares’, que fueron rechazadas por estos para estudiarlas con mayor detenimiento.
Por su parte, Vox defendió 12 enmiendas, todas rechazadas con el voto en contra del PSOE. El diputado Iván Sánchez puso el acento en la necesidad de garantizar “la objeción de conciencia de los profesionales farmacéuticos”, afirmando que “hay que proteger en todo caso esa libertad de conciencia frente al totalitarismo que pretenda criminalizarles”. También aludió a fármacos “que provocan el aborto” y a “bloqueadores hormonales, de los cuales nunca y por sentido común se debería administrar a menores de edad”.
Entre sus propuestas figuraban cambios terminológicos —sustituir “ciudadano” por “paciente o usuario”—, reforzar el papel de la farmacia comunitaria y modificaciones para favorecer la conciliación, como la relativa al artículo 25 sobre la presencia del farmacéutico.
El PP critica la tramitación urgente
El portavoz del PP en Sanidad, Juan Antonio Moreno, presentó 34 enmiendas y cuestionó el procedimiento de urgencia elegido para tramitar la ley. Según afirmó, esta fórmula “sólo obedece a limitar la acción de los grupos de la oposición en beneficio del Gobierno de Emiliano García-Page”, avanzando que estudian elevar una queja formal a la Mesa de las Cortes.
Entre las propuestas del PP destacan cambios en la comunicación médico-farmacéutico, la dispensación de medicamentos veterinarios, la atención en centros penitenciarios, la conciliación familiar, la atención farmacéutica domiciliaria o la jubilación activa.
Moreno subrayó especialmente la enmienda sobre el modelo de dispensación domiciliaria y la relativa al uso de historiales farmacéuticos para fomentar “un uso más eficiente y efectivo de los recursos sanitarios”. También defendió que la jubilación de los farmacéuticos no suponga la caducidad automática de la autorización administrativa.
Respecto a las enmiendas de Vox, el PP apoyó una, se abstuvo en cuatro y votó en contra de siete, al considerar que implicaban modificar el conjunto del texto y requerirían un desarrollo jurídico posterior.
El PSOE defiende la adaptación a la realidad actual
El portavoz socialista, Ángel Tomás Godoy, defendió que la norma busca adaptar la legislación farmacéutica “a la realidad social, territorial y a la normativa actual”. Entre los avances, destacó la ampliación de competencias de la Administración sanitaria para desarrollar programas específicos y la incorporación de una asistencia farmacéutica específica para zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, alineada con la estrategia regional frente a este fenómeno.
Godoy explicó que las cinco enmiendas socialistas se han trabajado con el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha. También confirmó la aceptación de cuatro propuestas del PP y la coincidencia en otras cuatro.
El Grupo Socialista rechazó 22 enmiendas ‘populares’ al entender que en su mayoría afectan a materias en las que la Comunidad Autónoma no tiene competencias. Sobre Vox, Godoy afirmó que sus propuestas “tienen un marcado carácter ideológico” y rechazó la acusación de que el texto no sitúe al usuario en el centro. En relación con la objeción de conciencia, defendió que la ley ya la respeta, pero garantiza que la atención farmacéutica “se tiene que prestar”.
El texto continuará ahora su tramitación en pleno, donde se debatirán las 41 enmiendas que permanecen vivas.
