El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere que la futura Ley de Accesibilidad Universal nazca con el mayor consenso político posible. El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha hecho un llamamiento directo a PP y Vox para que respalden el texto en las Cortes regionales y pueda salir adelante por unanimidad.
Caballero ha avanzado que la norma estará acompañada de un plan estratégico que fijará objetivos a corto, medio y largo plazo, garantizando así su desarrollo efectivo. El calendario previsto marca como fecha límite finales de marzo o principios de abril de 2027.
Durante la apertura del proceso participativo en Toledo —acto en el que ha estado acompañado por el comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero, y el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín—, el vicepresidente ha subrayado que se trata de una ley “compleja” que requiere diálogo, transparencia y amplias aportaciones sociales. “No tenemos que correr. No se trata de llegar pronto y solos sino juntos y a tiempo”, ha afirmado, citando a León Felipe.
Financiación, clave para aplicar la norma
Caballero ha insistido en que la futura ley debe ir acompañada de recursos económicos suficientes. “No estamos dispuestos a aprobar una ley para que luego no se pueda aplicar por falta de financiación”, ha advertido.
En este sentido, ha pedido que los fondos estatales destinados a discapacidad se distribuyan conforme al principio de necesidad y ha reclamado una reforma del sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta la singularidad de Castilla-La Mancha, marcada por el envejecimiento y la dispersión territorial.
También ha defendido un refuerzo del presupuesto de la Unión Europea dentro del nuevo marco financiero plurianual. Según ha señalado, un incremento de cinco décimas sobre el 1,2 % del PIB actual permitiría afrontar gastos en defensa, Política Agraria Común y fondos de cohesión.
Accesibilidad como derecho exigible
Por su parte, el director general de Discapacidad del Gobierno central ha recordado que la reforma en tramitación de las leyes de discapacidad y dependencia podría convertir la accesibilidad en un derecho exigible, dejando de ser solo un principio rector. Esto permitiría acudir a la justicia ante situaciones discriminatorias derivadas de barreras físicas o funcionales.
Asimismo, ha defendido la creación de un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal que permita financiar actuaciones en edificios públicos, como museos o centros sanitarios, sin que las administraciones tengan que buscar recursos extraordinarios.
“Que nadie se quede fuera”
Desde el ámbito asociativo, la presidenta del CERMI Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, ha valorado la “escucha activa” del Gobierno regional y ha recordado que sin accesibilidad resulta imposible ejercer derechos en igualdad. Ha destacado que las barreras no son solo arquitectónicas, sino también digitales, y ha reclamado una ley “en la que nadie se quede atrás”.
Por último, el director de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE, Jesús Hernández, ha puesto en valor los avances legislativos en esta materia y ha señalado que España es actualmente el país más accesible de Europa, confiando en que la futura ley castellanomanchega refuerce ese liderazgo desde el consenso social y político.
