La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Castilla-La Mancha (UPTA CLM) ha denunciado que los trabajadores por cuenta propia de la región soportan hasta 14 puntos más de presión fiscal efectiva que los grandes grupos empresariales y ha exigido una reforma tributaria “inmediata y equitativa”.
La organización ha valorado positivamente la reciente aprobación en el Congreso de medidas para mejorar la protección social del colectivo —como la cuota cero en caso de enfermedad grave, la equiparación de prestaciones con el Régimen General o el avance hacia un sistema de cotización por ingresos reales—, pero ha lamentado el rechazo parlamentario a la reforma fiscal específica para autónomos, una reivindicación que califican de histórica.
Según los datos manejados por UPTA CLM, un autónomo con ingresos medios en Castilla-La Mancha destina casi uno de cada cuatro euros de su beneficio al pago del IRPF, con tipos efectivos que oscilan entre el 23 % y el 24 %. En contraste, aseguran que los grandes grupos empresariales, pese a tener un tipo nominal del 25 % en el Impuesto de Sociedades, reducen su tributación real al entorno del 10 % al 12 % gracias a deducciones y mecanismos de planificación fiscal.
El presidente de UPTA CLM, César García, ha sido contundente: “No es aceptable que quienes sostienen la economía local, el comercio de proximidad y el empleo en nuestros pueblos y ciudades paguen más impuestos que las grandes corporaciones”.
García ha subrayado que en Castilla-La Mancha el autónomo trabaja con márgenes ajustados y costes al alza, en un contexto en el que “la fiscalidad no tiene en cuenta la realidad del pequeño negocio”.
La organización considera que el rechazo a propuestas como la reducción del tramo estatal del IRPF para rentas inferiores a 25.000 euros, la ampliación de gastos deducibles o la creación de tramos más progresivos de cotización perpetúa un modelo “desequilibrado” que frena el emprendimiento y el relevo generacional.
Entre sus propuestas, UPTA plantea reducir un 5 % cada tramo del IRPF hasta los 30.000 euros y reclama al Gobierno central y a los grupos parlamentarios que retomen de inmediato una reforma fiscal estructural que garantice “un reparto equitativo del esfuerzo tributario”.
“Queremos protección social, pero también justicia fiscal. No pedimos privilegios, pedimos igualdad”, ha concluido García.
