El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa preparando la demanda que presentará contra el Ejecutivo central para exigir la aprobación y publicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. El objetivo es elevar la decisión al Consejo de Gobierno a lo largo del mes de marzo, una vez concluyan los informes jurídicos, técnicos y ambientales que respaldarán la iniciativa.
Así lo ha avanzado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha señalado que el Ejecutivo autonómico confía en tener cerrada toda la documentación en las próximas semanas para formalizar la demanda “lo antes posible”.
La consejera ha criticado que las reglas de explotación apenas se hayan modificado “en pequeñas cuestiones” y ha denunciado la pérdida de recursos hídricos necesarios para los espacios vinculados a la Red Natura 2000. En este sentido, la Junta reclamará el cumplimiento de la disposición final del Real Decreto de 2023 que aprobó la planificación hidrológica del Tajo y del resto de demarcaciones, donde se establecía que en el plazo de un año debía presentarse al Consejo Nacional del Agua una propuesta de modificación de las reglas. Ese plazo expiró en febrero de 2024.
Gómez ha asegurado que el Ejecutivo regional ha sido “paciente” y ha trasladado propuestas al Gobierno de España para mejorar la gestión del trasvase. Ha recalcado que Castilla-La Mancha no pide su supresión, sino una gestión “diferente y sostenible” que tenga en cuenta las necesidades de la cuenca cedente, tanto para abastecimiento como para la protección de los ecosistemas.
Ante lo que considera “inmovilismo” del Estado, la consejera ha advertido de que, si no hay avances, la demanda se presentará igualmente.
Capacidad energética y red eléctrica
En el ámbito energético, Castilla-La Mancha supera ya los 17.669 megavatios de potencia instalada, de los que el 88 % corresponde a energías renovables, situándose 13 puntos por encima de la media nacional y en tercera posición en producción renovable.
En autoconsumo, la región ocupa el quinto lugar, con 945 megavatios instalados y más de 54.000 instalaciones activas. Sin embargo, Gómez ha alertado de un “déficit estructural” en infraestructuras eléctricas, al no disponer de suficientes subestaciones que permitan evacuar y distribuir la energía generada.
La Junta ha trasladado esta preocupación al Gobierno central, a la espera de la nueva planificación de la red de transporte eléctrico, que confía en que se apruebe antes del verano. De lo contrario, ha advertido, se generará un “cuello de botella” que impediría tanto atraer nuevas industrias como exportar energía a otros territorios.
Actualmente, la mitad de los parques fotovoltaicos autorizados en la región aún no se han construido y, aun así, la capacidad de evacuación resultaría insuficiente incluso si todos entraran en funcionamiento.
Gestión de parques nacionales
Por otro lado, la consejera ha descartado que Castilla-La Mancha asuma a corto plazo la gestión de los parques nacionales de Las Tablas de Daimiel y Cabañeros. Ha argumentado que en el primero la gestión de los recursos hídricos depende del Estado, mientras que en el segundo existen condicionantes vinculados a la gestión de ungulados y a acuerdos con fincas privadas en el entorno protegido.
Mientras no se resuelvan estas cuestiones, la Junta seguirá colaborando en las comisiones mixtas con el Estado, pero no asumirá la gestión directa de estos espacios naturales.
