El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha anunciado la creación de 21 nuevas plazas judiciales en Castilla-La Mancha a lo largo de 2026, dentro del plan de ampliación de la planta judicial del Estado que contempla 500 nuevas plazas en total para todo el país.
Según ha detallado el Ministerio en un comunicado de prensa, 20 de estas plazas se destinarán a tribunales de instancia y 1 a la Audiencia Provincial de Toledo. Este refuerzo afectará a sedes judiciales de Guadalajara, Toledo, Albacete, Ocaña, Talavera de la Reina, Ciudad Real, Cuenca, Puertollano e Illescas, en un movimiento que busca modernizar y agilizar la administración de justicia en la región.
El Gobierno central considera que este aumento supone un «récord que es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia», que introduce un modelo organizativo más moderno, basado en tribunales de instancia y no en juzgados tradicionales.
Estos nuevos órganos colegiados contarán con una sola Oficina Judicial común, en lugar de la estructura individual de cada juzgado, lo que se espera redunde en una mayor eficiencia.
A nivel nacional, el reparto de las 500 nuevas plazas judiciales se distribuirá de la siguiente manera:
- 363 plazas para tribunales de instancia (TI)
- 2 plazas para el Tribunal Central de Instancia
- 85 plazas para órganos colegiados como:
- Audiencias provinciales (71 plazas)
- Tribunales Superiores de Justicia (7 plazas)
- Audiencia Nacional (4 plazas)
- Tribunal Supremo (3 plazas)
- 50 plazas serán de adscripción territorial, es decir, se asignarán a una comunidad autónoma pero con posibilidad de trasladarse según las necesidades derivadas de la carga de trabajo.
Con este aumento, la planta judicial española pasará de 5.876 a más de 6.300 plazas, lo que representa un incremento del 8,5 % en un solo año.
El criterio seguido para distribuir estas nuevas incorporaciones ha sido, según el Ejecutivo, la litigiosidad, la población y los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), además de las propuestas formuladas por las comunidades autónomas con competencias transferidas y los Tribunales Superiores de Justicia.
Con esta medida, Castilla-La Mancha verá reforzados sus recursos judiciales, algo que podría contribuir a reducir tiempos de espera y a mejorar la respuesta de los tribunales ante el aumento de la carga de trabajo en diversas sedes judiciales del territorio.
