Ay, qué concepto ese, el del patriotismo. Me atrevo a decirle a usted que todos somos patriotas, de algún modo: de nuestro barrio, de nuestra calle o de nuestra casa; pero no quisiera yo hurgarle en su forma de patriotar, solo vengo a invitarle a hacer patriotismo juntos por esta región que da nombre al periódico en el que yo escribo y usted me lee.
La premisa es clara: esta región está hecha de retales. ¿Y cuál no? Pero no tenemos la heroica de don Pelayo, ni una lengua oficial, ni un fuero. No es fácil que uno de Molina de Aragón se abrace con uno de Tobarra si se encuentran en una calle de Lisboa solo por compartir ADN castellanomanchego. Poco a poco.
Aquí no presumimos de historia, quizá porque no sabemos, pero yo milito en el bando de los que quieren lucir región. Fabricar una identidad solo se hace a base de paciente constancia, y en esas llevamos casi medio siglo ya, dando puntaditas para que nuestras 22 comarcas, únicas todas ellas, se sientan arropadas por la bandera.
El continente ya tiene contenido, pero necesitaba —y necesita aún— terminar de modernizar su esqueleto normativo con la reforma estatutaria en ciernes. Escribo esto cruzando los dedos, ya que las 44 páginas del nuevo texto están ya en la cocina del Congreso de los Diputados, pero no terminan de encenderse los fogones.
Un nuevo Estatuto de 44 páginas, una por cada año de funcionamiento del Estatuto aún vigente. No sin piedras en el camino, la propuesta de reforma salió adelante de la mano del consenso, no solo entre los dos partidos con más representación en el Parlamento autonómico, sino también con la firma de gran parte de la sociedad civil.
El proceso para cambiar las reglas del juego de todo un territorio es lento, pero lo más difícil ya está hecho. La pelota está ahora en el tejado del Congreso de los Diputados, donde la intención de la región de apuntalar sus derechos recibió el visto bueno de una mayoría de parlamentarios casi inédita en esta legislatura. Qué cosas: que podemos colgarnos el mérito de ser la tierra que ha conseguido poner de acuerdo a casi todos los que transitan el patio circense custodiado por los leones de la Carrera de San Jerónimo.
Pero, con todo, van ya dos retrasos en el calendario parlamentario que rige en Madrid. Falta ahora que los grupos parlamentarios propongan enmiendas, que se debatan, que se incluyan o se descarten, todo ello necesario antes de envolver en celofán el paquetito para entregarlo de cara a su aprobación definitiva.
Aun así, y con la sombra que planea respecto a un hipotético adelanto electoral, sumo en el zurrón de los escollos las insinuaciones del líder de la oposición en la región, Paco Núñez, que ha vuelto a sugerir en público que la confrontación política entre García-Page y Pedro Sánchez pueda desbaratar el apoyo socialista a la futura Carta Magna castellanomanchega.
Este Estatuto, que entró en vigor en septiembre de 1982 y que ha sufrido cuatro retoques a lo largo de los años, está a punto de rematar la obra. Hecho el encofrado, puestos los ladrillos y con la mano de pintura recién echada, lo que resta por delante debiera ser un trámite ligero.
94 ARTÍCLOS, UN MILLÓN DE OBJETIVOS
Que por qué es importante un nuevo Estatuto en Castilla-La Mancha, se preguntará usted. Que en qué le afecta, en qué le beneficia cuando levante la persiana de su negocio, cuando vaya a ver a la abuela o cuando se suba al tractor. Son buenas preguntas. Demos un paseo por sus entrañas.
Medidas oportunas, justas y casi obvias que no han encontrado el hueco suficiente en los titulares de los periódicos. Y es que los argumentarios políticos han estado más centrados en el pormenor de si habrá más o menos diputados, escaramuza que ha eclipsado todo lo demás. Tanto es así que Vox, único partido a la contra que escenificó su rechazo rompiendo el proyecto estatutario desde la tribuna de oradores, se ha limitado a justificar su pataleta por los doce millones anuales que supondrá tener un puñado más de escaños en el futuro, si es que eso llega a cristalizar.
Defienden los padres y madres que alumbraron los 94 artículos que construyen nuestra particular Constitución que la región de Castilla-La Mancha partirá siempre de una base forjada en torno a los valores de lealtad, solidaridad y sentido de la unidad de España.
Con estas vigas maestras se ha levantado el edificio, que busca consolidar su autogobierno y, sobre todo, blindar derechos sociales y apuntalar la cohesión territorial en una región despoblada, con especial mimo hacia los sectores de la población en situación de mayor vulnerabilidad.
Sostenibilidad medioambiental, equilibrio territorial y diálogo social son conceptos casi inéditos en las reformas estatutarias que otros territorios acometieron en el pasado.
El Estatuto contiene 94 artículos, seis nuevas disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Materia prima para intentar, por la vía normativa, reforzar derechos y libertades de todos los que habitamos este patio.
A lo concreto. El Estatuto permitirá blindar los derechos de la infancia, la adolescencia, las personas mayores y las personas con discapacidad. Pone las herramientas suficientes para seguir persiguiendo la igualdad real entre hombres y mujeres, y amplía la ambición de todas las medidas ya vigentes para atajar la despoblación.
Se protegen tradiciones, cultura y patrimonio y se contemplan medidas activas contra el cambio climático, exhibiendo la fortaleza de una comunidad autónoma que lidera y liderará el impulso de las renovables.
Quien nos quiera gobernar podrá hacerlo, una vez el Estatuto entre en vigor, con la herramienta del decreto ley, que habilitará al Ejecutivo a dictar resoluciones en caso de extraordinaria necesidad.
Para más solidez institucional, quedan aquí blindados órganos como el Defensor del Pueblo, el Consejo de Transparencia, el Consejo de Diálogo Social, la Cámara de Cuentas o el Consejo Consultivo. Las entidades locales ganan también músculo para avanzar en una autogobernanza más que necesaria. No solo mira hacia abajo en lo institucional, y es que refuerza las relaciones institucionales tanto con el Estado como con la Unión Europea.
MEDIO AMBIENTE Y FINANCIACIÓN JUSTA
Cuando, por fin, el Estatuto se quite los precintos, la región y sus gobernantes tendrán que regirse por un decálogo de deberes que obligarán a cuidar los recursos naturales, especialmente el agua, una medida que, de cristalizar, puede incluso servir para desterrar la habitual pelea política entre partidos.
Tan transversal es todo lo que plantea el Estatuto que sirve para que Castilla-La Mancha se reivindique y reclame un sistema de financiación justo y suficiente. Algo que solo pasa —y así lo han grabado a fuego en el título VII del documento— por tener en cuenta aspectos como la dispersión, el envejecimiento o la baja densidad poblacional a la hora de romper la hucha y repartir los cuartos.
Todo esto, coma arriba, punto abajo, resume un trabajo político que lleva en marcha más de dos años. En silencio, sin luces ni escaparates. Un periplo que todavía no ha terminado. Y sin querer ser agorero, y a la pregunta de si veo el vaso medio lleno o medio vacío, me limito hoy por hoy a decir que lo veo simplemente a la mitad.
