El salón de plenos del Ayuntamiento de Tomelloso vivió este martes una de las sesiones más tensas de los últimos años. Aunque el orden del día transcurrió con normalidad, fue en el turno final de ruegos y preguntas donde se concentró toda la atención, con la intervención de numerosos vecinos y miembros de la plataforma ciudadana STOP Biometano, que acudieron para expresar su rechazo a la instalación de una macroplanta de biometano en el término municipal.
La afluencia de público desbordó el aforo del salón. Alrededor de un centenar de personas se quedaron fuera del edificio municipal sin poder acceder, mientras en el interior los intervinientes planteaban preguntas directas al equipo de gobierno, a quien acusan de falta de transparencia y de no facilitar información oficial sobre un proyecto que ha sido anunciado en medios de comunicación pero que, según denuncian, no ha sido sometido a información pública ni cuenta con expediente administrativo formal.
La plataforma, que agrupa a vecinos de Tomelloso, Arenales de San Gregorio y otras localidades afectadas, intervino con contundencia para rechazar la instalación de la planta alegando impactos negativos sobre la salud pública, el medioambiente, el modelo de desarrollo rural y la calidad de vida de los municipios del entorno.
Navarro: “No soy defensor ni detractor”
El alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, respondió de forma extensa a las preguntas formuladas por los vecinos, dejando claro que el Ayuntamiento no tiene competencias para autorizar ni vetar este tipo de proyectos cuando son considerados prioritarios por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Según explicó, la tramitación de instalaciones como esta está regulada por el Plan de Biometanización aprobado por el Gobierno regional, que contempla la instalación de unas 80 plantas de este tipo en todo el territorio autonómico. “Si todos los informes técnicos son favorables y yo, como alcalde, deniego la licencia, estaría cometiendo prevaricación. Y yo no voy a prevaricar”, afirmó.
Navarro remarcó que la calificación urbanística –paso previo imprescindible para que una planta de biometano pueda ejecutarse– no es competencia municipal en caso de que la Junta declare el proyecto de interés prioritario. “El Ayuntamiento propone, pero quien dispone es la Junta”, repitió en varias ocasiones.
Se desmarcó también de cualquier respaldo político al proyecto. “Ni soy defensor ni detractor de la planta. Soy el alcalde de una ciudad que genera cientos de miles de toneladas de residuos que no se están tratando correctamente. Tengo la obligación de no mirar hacia otro lado”, señaló.
Una estrategia energética impulsada desde Europa
El alcalde enmarcó este tipo de proyectos en una estrategia energética y ambiental de ámbito europeo, cuyo objetivo es reducir las emisiones de gases contaminantes mediante el aprovechamiento energético de residuos orgánicos. En este contexto, argumentó que la comarca de La Mancha es una de las zonas con mayor generación de residuos agroindustriales de la región.
“Una sola cooperativa de Tomelloso produce entre 80.000 y 100.000 toneladas de aguas sucias al año. Si sumamos vinazas y otros subproductos, superamos con creces las 200.000 toneladas. No es necesario importar residuos de fuera”, afirmó.
El concejal de Urbanismo, Benjamín de Sebastián, reforzó este argumento señalando que muchos de los residuos generados actualmente acaban almacenados sin tratamiento, como es el caso de las vinazas vertidas en balsas a cielo abierto en Campo de Criptana. “Allí se están pudriendo al aire libre, liberando metano directamente a la atmósfera”, advirtió, en referencia al impacto ambiental de no valorizar estos residuos.
“No es progreso, es una amenaza”
Durante sus intervenciones, los representantes de la plataforma ciudadana denunciaron la falta de garantías del proyecto y cuestionaron la solvencia de la empresa promotora, a la que califican de grupo especulador sin implantación en el territorio ni experiencia contrastada en el sector. Además, alertaron de las consecuencias para la salud, los olores persistentes y los riesgos de contaminación del suelo y del agua, así como del deterioro del entorno rural.
También mostraron su preocupación por las reuniones mantenidas por el alcalde con asociaciones y colectivos, sospechando que puedan utilizarse para acreditar una supuesta aceptación social del proyecto, uno de los requisitos que contempla el procedimiento de declaración como proyecto prioritario. Ante esta cuestión, el alcalde fue claro: “No voy a firmar ningún documento que diga que hay consenso social en Tomelloso. Ese consenso no existe ni puede existir con un asunto tan polémico”.
Un conflicto marcado por los límites legales y administrativos
A lo largo de la sesión, Navarro insistió en que el Ayuntamiento no tiene capacidad de decisión sobre la instalación. Explicó que la competencia recae sobre la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades, que es quien tramita la calificación urbanística, la evaluación de impacto ambiental y la autorización definitiva.
Como ejemplo, mencionó a municipios como Manzanares o Valdepeñas, donde los ayuntamientos han manifestado públicamente que carecen de instrumentos jurídicos para frenar este tipo de iniciativas cuando cuentan con el respaldo del Gobierno regional. Además, advirtió que medidas como la suspensión temporal de licencias urbanísticas no paralizan el procedimiento, ya que solo pueden aplicarse por un periodo máximo de dos años.
El debate sigue abierto
La sesión concluyó con muestras de descontento por parte del público, que criticó la falta de compromiso político del equipo de gobierno y pidió seguir abordando el tema en profundidad. El alcalde dio por finalizada la sesión recordando que el reglamento no permite repreguntas en el turno de participación ciudadana, aunque ofreció su disposición a mantener nuevas reuniones con la plataforma STOP Biometano, como ya hizo días antes durante más de dos horas.
