En plena polémica por la posible instalación de una planta de biometano en Tomelloso, el profesor e investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Máximo Florín Beltrán, ha ofrecido una visión crítica sobre este tipo de proyectos, basada en el análisis técnico de los estudios de impacto ambiental disponibles y en su experiencia como docente en energías renovables y evaluación ambiental. «No se trata de demonizar estas plantas, pero sí de exigir claridad, realismo y rigor técnico antes de dar por hecho que son sostenibles», subraya.
Durante la entrevista, Florín —doctor en Ciencias Biológicas, con una extensa trayectoria científica y divulgadora— ha recalcado que las plantas de biometano «no eliminan residuos, como a menudo se dice, sino que transforman una pequeña parte en energía y generan otros subproductos que también deben gestionarse». En concreto, explicó que solo el 5% de los residuos se convierte en biometano, mientras que el 95% restante se convierte en digestato, un residuo que requiere tratamientos adicionales si se quiere utilizar como fertilizante.
Un proceso con más riesgos de los que se suelen comunicar
Florín expresó su preocupación por la imagen excesivamente optimista que se está transmitiendo al público respecto a este tipo de energías. «No es cierto que la biometanización sea una solución limpia por sí misma. Las fugas de metano a lo largo de toda la cadena de suministro pueden igualar e incluso superar las emisiones de los combustibles fósiles, lo que contraviene los objetivos de descarbonización», explicó, apoyándose en estudios científicos recientes.
Además, cuestionó que se estén mezclando residuos muy diversos en los proyectos actuales, algo que «dificulta su tratamiento eficaz» y puede suponer un riesgo añadido. «En nuestros laboratorios no mezclamos productos incompatibles, ¿por qué habría de hacerse eso en una planta industrial?», apuntó.
Respecto a los residuos locales, el profesor fue claro: «Tomelloso no produce las 227.000 toneladas de residuos al año que se anuncian en algunos proyectos. Según los inventarios oficiales, la cifra real ronda los 100.000. Esto implica que se traerían residuos de otros municipios o incluso de otras regiones, lo que desvirtúa el modelo de economía circular».
Alternativas más seguras y sostenibles
Florín puso como ejemplo modelos de menor escala basados en el autoconsumo y en residuos generados y aprovechados localmente. “Hay experiencias como la de una planta en Normandía, propiedad de agricultores, que utilizan sus propios residuos para producir energía y fertilizante. Eso sí es economía circular”, afirmó. También valoró positivamente que «el estiércol ya forma parte de un sistema tradicional de fertilización que los agricultores conocen y controlan, no es un residuo a eliminar».
Al ser preguntado por el impacto sobre la salud pública, advirtió que diversos estudios apuntan a riesgos importantes para trabajadores y población cercana: «Hasta 5 kilómetros de distancia hay riesgo de enfermedades respiratorias graves como enfisemas, y hasta 10 kilómetros se incrementa la atención médica por afecciones respiratorias».
Riesgos para la agricultura y el medio ambiente
Un aspecto especialmente delicado, según Florín, es el impacto en los acuíferos de La Mancha, ya afectados por la contaminación por nitratos. «España ha sido condenada por la justicia europea por no cumplir la directiva sobre nitratos, y Castilla-La Mancha está entre las regiones más señaladas. Si los digestatos no se gestionan correctamente, este problema se agravará», explicó.
También advirtió del riesgo para la reputación de los productos agroalimentarios locales, un elemento que ya ha llevado a denominaciones de origen como Rioja o Ribera del Duero a rechazar instalaciones de este tipo en sus territorios. «¿Quién se hará cargo de la pérdida de valor de nuestros vinos, quesos o pistachos si se percibe un deterioro ambiental o de calidad?», se preguntó.
Llamamiento a una regulación más estricta y participación social
Florín considera que la falta de transparencia y participación pública es uno de los mayores déficits del proceso actual. «En muchos casos no hay acceso a los documentos del proyecto ni estudios serios de dispersión de contaminantes. Se toman decisiones sin contar con los datos o sin evaluarlos con el rigor necesario», denunció.
En este sentido, pidió a las consultoras y a las administraciones más responsabilidad técnica. «No se puede copiar un diagrama de vientos de una web americana para justificar la viabilidad de una planta en Tomelloso. Hay herramientas técnicas disponibles y accesibles para hacer estos estudios con precisión».
No al modelo industrial, sí a soluciones locales
El profesor concluyó apostando por modelos descentralizados, a pequeña escala, con tratamiento en origen y gestión local de los residuos. «El biometano puede tener un papel en la transición energética, pero no a cualquier precio. Si convertimos los residuos en una mercancía más, solo para exportar gas a otros países, y perdemos el control sobre los impactos ambientales y sociales, no estamos avanzando, estamos retrocediendo».
