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martes, 17 diciembre
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Ruiz Molina cifra «en un 20 % más» la reducción de locales de juego en C-LM y equipararlo a la media nacional

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha cifrado «en un 20 por ciento más» la reducción de los locales de juego que el Ejecutivo regional quiere llevar a cabo en la región con el fin de equiparar su densidad en la Comunidad Autónoma a la media nacional.

Así lo ha indicado el consejero en declaraciones a los medios momentos antes de inaugurar de inaugurar las jornadas ‘El reto del empleo público e inclusivo’ donde ha señalado que en los últimos años se han reducido en Castilla-La Mancha estos establecimientos para pasar de 221 a los 189 actuales.

En este sentido, como adelantó este miércoles el presidente regional, Emiliano García-Page, el consejero ha recordado que el próximo martes el Consejo de Gobierno aprobará un decreto con una nueva moratoria de cuatro años para otorgar licencias a este tipo de establecimientos.

El consejero ha querido destacar en todo momento que se trata de una actividad «absolutamente legal» pero que conlleva «problemas» de salud pública como la ludopatía o que puede afectar a los sectores vulnerables y a los menores. «Ya en 2021 establecimos bastantes restricciones en la ley que aprobamos», ha dicho, para agregar que también existía en Castilla-La Mancha una densidad de establecimientos de juego «muy superior» a la media nacional.

Así y pese a que ha indicado que en los últimos años el Gobierno regional ha ido reduciendo progresivamente el número de establecimientos de juego, ha añadido que su propósito es que se sigan reduciendo hasta que esa densidad de establecimientos de juego esté «dentro de los porcentajes normales» que existen a nivel nacional.

Es por ello por lo que ha explicado que en el decreto que se aprobará el próximo martes figurará una nueva moratoria de cuatro años en la prohibición de otorgar licencia a los locales de juego. «Insisto en que es una actividad totalmente legal, que genera riqueza y empleo, pero que tiene externalidades negativas que, desde luego, desde los poderes públicos intentamos reducir».

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