El Gobierno ha acordado este martes extender hasta el 14 de febrero de 2024 el plazo para que entre en vigor la obligación de emitir televisión en alta definición (HD) y se abandone el formato estándar (SD). La oferta de canales de Televisión Digital Terrestre (TDT) debía evolucionar sus emisiones a HD antes del 1 de enero de 2023, cualquiera que fuera su ámbito de cobertura.
«Esta extensión de plazo responde a la situación generada con la pandemia, que ha ralentizado la renovación del parque de aparatos de televisión para poder incorporar emisiones de TDT en alta definición», ha explicado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. El nuevo Real Decreto modifica el Plan Técnico Nacional de la TDT.
En este sentido, Nadia Calviño ha señalado que con esta medida el Ejecutivo pretende «evitar que determinados ciudadanos se vean desprovistos del servicio de Televisión Digital Terrestre o que tengan que afrontar el coste de adquirir un nuevo equipo de televisión adaptado a la alta definición en estos momentos». «Damos un plazo adicional para que puedan adaptarse los equipos de nuestro país», ha subrayado.
El Gobierno además ha acordado modificar la asignación del espectro radioeléctrico «para poder empezar ya a explotar una parte de este espectro en el despliegue de las redes de 5G cerradas en el ámbito industrial, ese régimen de autoprestación que es también fundamental para el despliegue de la nueva tecnología en el ámbito de la industria».
Como ejemplo, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha destacado los puertos, los polígonos industriales, los grandes astilleros, las grandes fábricas de automóviles, «todos aquellos ámbitos en los que el 5G puede permitir ya dar un salto adelante en términos de innovación tecnológica y productividad».
De este modo, el Real Decreto aprobado este martes en Consejo de Ministros modifica también el Reglamento sobre el uso de dominio público radioeléctrico, que permite la reorganización de la banda de 26 GHz, prioritaria para el despliegue de la tecnología 5G.
Según ha precisado el departamento que dirige Nadia Calviño, el cambio normativo establece que una parte de las frecuencias de la banda de 26 GHz se otorgará sin licitación y se abre el camino a que se destine a usos industriales en determinadas ubicaciones de ámbito reducido en régimen de autoprestación. Esta modificación supone dar un paso más para la creación, a modo de ejemplo, de redes 5G privadas para la automatización de fábricas y centros de producción.
Finalmente, ha recordado que esta modificación se enmarca en el Plan de impulso al 5G, está alineada con los objetivos establecidos en el Plan de Recuperación y la Agenda España Digital 2026, y complementa la licitación de las frecuencias de la banda de 26 GHz que finalizó el pasado día 21 de diciembre de 2022.