El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha mostrado satisfecho por la aprobación política del Plan Estratégico español para una «nueva y renovada» Política Agrícola Común (PAC) y ha subrayado el compromiso del Gobierno con el campo en un contexto «difícil» marcado por la guerra de Ucrania, así como el «excelente» trabajo de cooperación con las 17 comunidades autónomas.
«Estamos muy satisfechos por ello, cuando queremos, podemos y se pueden llevar a cabo acuerdos políticos en nuestro país que sean importantes», ha afirmado Planas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En este sentido, el ministro de Agricultura ha resaltado el «amplísimo» consenso del Ejecutivo con las comunidades autónomas desde junio del año pasado, ya que, según ha señalado, no ha habido ninguna que se haya opuesto al contenido del plan, aunque hubiera opiniones en algunos aspectos.
«La cooperación con las comunidades autónomas ha sido magnífica, hemos intentando conciliar las posturas de unos y otros», ha resaltado.
Planas ha calificado de «excelente» noticia que España esté en el primer grupo de cinco países que durante las próximas semanas recibirá, por parte de la Comisión Europea, el visto bueno definitivo al Plan Estratégico de la PAC, junto a Francia, Portugal, Polonia y Dinamarca.
«Es una excelente noticia porque da certidumbre, seguridad y apoyo al campo», ha destacado el ministro de Agricultura, quien ha resaltado que este es un plan que representa «un antes y un después» y del que el Ejecutivo «se puede sentir orgulloso» porque es un «compromiso» con el sector.
Planas ha destacado que la nueva PAC es un «elemento de certidumbre» en un momento de volatilidad y ha señalado que, tras la aprobación política del plan estratégico de la PAC por parte de la Comisión Europea, se abre un proceso legislativo «muy complejo» con la aprobación entre septiembre y diciembre de hasta 18 reales decretos que «serán los elementos de aplicación de la nueva PAC para lograr una certidumbre en cuanto a las siembras y cosechas de otoño e invierno y la percepción de las ayudas a partir del 1 de enero de 2023».
7.200 MILLONES AL AÑO
De esta forma y hasta 2027, más de 680.000 agricultores y ganaderos recibirán el apoyo de la PAC, que se traduce en unos 7.200 millones de euros anuales, con la cofinanciación estatal y autonómica.
Planas ha recordado que esta nueva PAC supone una «oportunidad inédita para los jóvenes agricultores que deseen iniciar una actividad agraria por primera vez».
Así, el plan estratégico reserva aproximadamente 230 millones de euros anuales –96 millones de euros al año del al pago complementario de las ayudas directas para jóvenes y 135 millones de euros de los fondos de desarrollo rural destinados a impulsar la primera instalación-, cuyos importes podrán alcanzar hasta 100.000 euros por beneficiario.
Además, las mujeres que se instalen al frente de una explotación agraria percibirán un 15% adicional en el complemento de la ayuda a la renta que reciben los jóvenes.
Por otro lado, la nueva PAC tiene un marcado componente medioambiental, por lo que España destinará un 43% del presupuesto –47.724 millones de euros entre 2021 y 2027– a medidas climáticas y medioambientales, en línea con el Pacto Verde Europeo.
En la concesión de las ayudas de directas (unos 4.828 millones de euros al año) se aplicarán criterios redistributivos, que beneficiarán a explotaciones medianas y pequeñas, que afectarán hasta el 10% del importe de la ayuda a la renta. Se reducirán los pagos de manera progresiva para los que reciban más de 60.000 euros al año y se limita la ayuda máxima a un tope de 200.000 euros al año por explotación.
Además de las ayudas directas y los programas sectoriales (hortofrutícolas o vitivinícolas), dotados con 582 millones de euros, el Plan Estratégico recoge las intervenciones de desarrollo rural. Se reúne por tanto en un único plan lo que antes se recogía en 17 Programas de Desarrollo Rural (PDR) autonómicos y PDR estatal.
Por último, con el plan se aprueban también las medidas supraautonómicas de apoyo al desarrollo rural, cuya competencia corresponde al Estado, impulsadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en las que se refuerzan las líneas de innovación, asesoramiento y formación con casi 20 millones de euros anuales.