Integrantes de Podemos a nivel autonómico y estatal han valorado este lunes frente a las Cortes autonómicas la nueva Ley del Juego de Castilla-La Mancha, aprobada el pasado jueves con los votos favorables de PSOE y Ciudadanos, y la abstención del Partido Popular, que consideran «parte de un consenso neoliberal entre las tres fuerzas conservadoras con representación en la cámara», por lo que «evita deliberadamente tratar el juego como un problema de salud pública».
Así lo ha indicado el coordinador autonómico de la formación morada en Castilla-La Mancha, José Luis Gascón, que si bien cree que es necesaria una regulación específica para el juego, «esta debe primero desarrollar políticas de prevención de inicio al juego, identificar los mecanismos de captación y educar a la juventud para lidiar con ellos».
«Se pueden especificar distancias entre casas y limitar la publicidad, pero una ley que defiende el modelo de negocio de las casas de apuestas no puede defender a la juventud», ha argumentado.
Por su parte, el coordinador Estatal de Juegos de Azar de Podemos y tricampeón de Europa de máster de atletismo, Roberto Sotomayor, también ha querido acompañar a los suyos en estas valoraciones sobre la nueva ley, según ha informado Podemos en nota de prensa.
Según Sotomayor, el «barniz social» de esta ley «oculta que en realidad se sigue priorizando el mantenimiento de este modelo de negocio a costa de la adicción», lo que en su opinión se refleja en que «se obvia específicamente la limitación de este tipo de negocios más allá de evitar que estén en la misma manzana que los centros escolares, a apenas 300 metros, o que puedan estar pared con pared entre ellos».
«La única forma de atajar esta pandemia silenciosa es el reconocimiento de la adicción al juego como un problema de salud pública, desde la prevención, inspección y control, así como con recursos públicos para ayuda y atención», ha sentenciado.
En estas declaraciones, donde también han participado la diputada en Aragón y especialista en la lucha de acción contra las casas de apuestas, Itxaso Cabrera; Jesús Cortés, especialista en Inspección de Casas de apuestas, e integrantes de la organización juvenil Rebeldía Castilla-La Mancha, desde Podemos han querido además dejar clara su propuesta al respecto, con cinco puntos que consideran «imprescindibles» para este tipo de normativas.
ELIMINAR EL CONCEPTO DE «JUEGO RESPONSABLE»
Las propuestas de la formación morada al respecto pasan, en primer lugar, por la eliminación del concepto «juego responsable» de los textos de estas normativas, ya que «no existe una cantidad responsable de apuestas que jugar como no existe una cantidad saludable de tabaco que fumar».
Además, señalan, esta situación afectaría especialmente a la juventud «por la falta de alternativas de ocio juvenil en muchos de los pueblos y ciudades de nuestra comunidad».
Para ello creen imprescindible «mejorar el ocio de la gente joven con actividades impulsadas por los ayuntamientos o la apertura de centros sociales autogestionados por la juventud, todo pasando por la reapertura del Consejo de la Juventud cerrado durante la etapa de Cospedal».
Por otra parte, han destacado también la debilidad de esta nueva ley «especialmente en los detalles de regulación, que es donde se vería afectado el sistema de negocio existente», como por ejemplo «la barbaridad de que la ley recoja la posibilidad de instalar zonas de apuestas en recintos deportivos e incluso hostelería junto a máquinas tragaperras».
En este sentido, consideran «ridículas» las distancias mínimas de 300 metros por el camino más corto a centros escolares y de 150 metros entre casas de apuestas, señalando que «la distancia mínima debería de ser de al menos 700 metros radiales a todos los centros de estudios, bibliotecas, salas de estudio, centros sanitarios y centros de rehabilitación», lo que «supondría de facto el cierre de la mayoría de las casas de apuestas que existen en la actualidad».
Por último, la base del problema en esta nueva normativa, insisten, se encontraría en que «la ley no reconoce en ningún momento la ludopatía como un problema grave de salud pública», lo que consideran que «quita el foco de la necesidad de la administración en desarrollar planes de prevención y rehabilitación de la ludopatía en el marco del sistema público de salud».
Esto, apuntan, se refleja por ejemplo en la regulación de la publicidad, la cual «deja la puerta abierta a aquella publicidad que tenga por objeto la información sobre nuevos juegos, pero que no incite al juego».
«Las personas que sufren ludopatía o que pueden sufrirla no van a hilar tan fino como quienes han pasado esta vergonzosa ley en las Cortes», han lamentado.
«Es inexplicable que el primer paso no sea suprimir cualquier formato de publicidad que incite a la ludopatía, igual que se hizo ya hace décadas con otros hábitos adictivos como el tabaco o las bebidas alcohólicas».