En lugares y comarcas agrícolas como es la cuenca alta del Guadiana y en cultivos tan sociales y arraigados como es el ajo, una planificación hidrológica alejada de la realidad social y una inadecuada gestión de un recurso escaso como lo es el agua, está provocando la desaparición de explotaciones agrarias que durante décadas han sido un modo de vida y motor de generación de riqueza, empleo y fijación de la población en nuestra región. A casi nadie parece importarle, pero alguien se ha preguntado ¿qué pasará si este cultivo desaparece?
Ante este problema las organizaciones agrarias castellano-manchegas Asaja, Upa y Coag, junto a Cooperativas de Castilla-La Mancha, han levantado la voz y han pedido conjuntamente y de manera unánime a las autoridades competentes que se pongan urgentemente medidas concretas y decisiones valientes para llevar a cabo los cambios de necesarios en la legislación de aguas que ayuden a mantener un cultivo estratégico para nuestra región como es el ajo, en el que Castilla-La Mancha es líder nacional indiscutible y que genera al año en la región más de 10.500 empleos directos en las diferentes zonas de producción, además de miles y miles de jornales indirectos más.
Porque las normas tienen que adecuarse a la realidad social y no al revés
Según el “Estudio sobre el consumo del agua en el ajo” realizado por Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha, en colaboración con la Mesa Nacional del Ajo, se ha demostrado la rentabilidad del agua en este cultivo tiene unos con unos consumos inferiores a otros cultivos y una rentabilidad notablemente superior.
Aun así, las administraciones públicas miran a otro lado, especialmente la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que acumula injustificados o justificados por falta de personal, retrasos en la tramitación y resolución de miles de expedientes que están desde hace años en sus estanterías, mientras aumenta cada vez más la presión sancionadora sobre los agricultores que viven y trabajan cada día con más miedo.
Las Opas y Cooperativas pedíamos recientemente medidas lógicas que solucionarían una parte importante de los problemas y limitaciones que ahora sufre este sector, tales como que se permita (con resolución expresa) el agrupamiento de las autorizaciones de 7.000 m3/ha, para poder mejorar las opciones del agricultor que sea titular de más de un aprovechamiento de estas características o que las autorizaciones puedan pasar temporalmente al regadío de parcelas arrendadas. Reclamaciones hechas desde hace muchos años para un cultivo social como el ajo por parte del sector.
Hay que tomar esta y otras muchas más decisiones valientes, pero hay que tomarlas ya. Y una de ellas pasa por dejar de mirar a otro lado desde los despachos, y bajarse a pie de campo. Pasear por localidades repartidas por las comarcas del centro de la región y ver como esta gran fuente de riqueza para la región, puede dejar de serlo por una normativa que se aleja de las necesidades de la sociedad y que, de no cambiar, aboca a la pérdida de rentabilidad de este cultivo.
Los esfuerzos deben ser conjuntos. Jamás el agricultor se ha negado ni se negará a optimizar y gestionar eficientemente un recurso tan preciado para él como es el agua. Ni trabaja para ser sancionado, ni riega por capricho. Simplemente riega para cultivar, para producir los alimentos que todos, día a día, queremos ver en los lineales de las tiendas de alimentación. Por eso hemos de caminar juntos administración y administrados para dar soluciones sensatas a los problemas que sufren nuestros agricultores, esos que hace poco tiempo considerábamos esenciales y héroes de nuestra sociedad.
Importancia socioeconómica del ajo
Dentro de la Unión Europea, España es el principal país productor de ajo (57% de la producción europea) con una producción en 2019 de 271.353 toneladas y una superficie de 27.348 has. dedicadas a este cultivo.
La principal zona de producción de ajo en España es Castilla La Mancha, que actualmente cuenta con unas 19.150 hectáreas cultivadas, seguida de Andalucía con 4.940 ha, Castilla y León con 1.740 ha, Madrid con 810 ha y Extremadura con aproximadamente 500 ha. Por provincias, destacan las provincias de Cuenca, Albacete y Ciudad Real.
