El artículo 47 de la Constitución dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
Este derecho recogido por la Constitución está muy alejado de la realidad: altas tasas de paro, sueldos y condiciones laborales precarias sobre todo para la juventud, alquileres disparados, e incluso 162 desahucios al día según datos ofrecidos por el Ministerio del Interior y el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) en 2020.
Parece que estos dramas son invisibles, pero sigue habiendo gente que tiene que abandonar sus casas por retrasarse en el pago de cuatro cuotas de la hipoteca después de estar 14 años pagando rigurosamente o porque no pueden pagar un alquiler abusivo. Esto último es especialmente difícil para las jóvenes: según el Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud de España tienen que dedicar un 94% de su salario para poder tener acceso a una vivienda en alquiler, algo materialmente imposible para emanciparse. Así mismo, muchos de los programas de ayudas a la compra o al alquiler de vivienda para jóvenes son inaccesibles para personas menores de 30 años, ya que incluyen requisitos como contratos indefinidos, algo inalcanzable para muchos y que debería cambiar para conseguir un acceso asequible. Mientras tanto seguimos teniendo 3 millones de viviendas y edificios abandonados por parte de bancos y grandes tenedores simplemente para especular con ellos.
Ante esta disyuntiva necesitamos un marco que regularice y marque los límites adaptándose a los salarios de la mayoría de la población, concretar qué es una vivienda vacía gravando a los bancos y grandes tenedores para que no sigan especulando y ayudas concretas y realistas para las familias y los jóvenes que se están apretando el cinturón continuamente para llegar a fin de mes, en definitiva: garantizar nuestros derechos y poner fin a los abusos del sector inmobiliario; algo que aparece recogido en la Constitución y que parece un acto revolucionario.
