El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, ha asegurado que las modificaciones realizadas en el texto del Decreto sobre el Ingreso Mínimo Vital están «funcionando» y han «acortado» los plazos para su aprobación. Según ha indicado, son 400.000 personas las beneficiarias ya de esta prestación en 150.000 hogares.
Arroyo ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, en donde ha respondido una pregunta parlamentaria de la representante del PP María Mercedes Fernández, quien ha criticado la gestión del departamento que dirige José Luis Escrivá, en esta materia.
Fernández ha reconocido que su formación está a favor de esta ayuda, pero critica cómo la está poniendo en marcha el Ejecutivo. En su intervención, ha criticado que se haya «suprimido» la exigencia de ser «demandante de empleo» para la solicitud de la ayuda o la situación de «agravio comparativo» que, en su opinión, implica las diferencias de gestión entre las autonomías forales y el resto.
También denuncia que se hayan tenido que realizar trámites presenciales o que no hayan sido claros con los ciudadanos y pareciera que «al día siguiente» de la puesta en marcha de la prestación, ya se iba a poder cobrar. En este sentido, ha destacado una entrevista a una familia que, en septiembre, aseguraba vivir «con estrés» desde hace tres meses esperando el IMV.
UN PROYECTO DE LEGISLATURA EN TRES MESES
A su juicio, todos estos procesos de cambios significan que el documento estaba «poco reflexionado». A su juicio, esto se desprende también de los argumentos del Gobierno para realizar las modificaciones, en las que habla de «punto negros» o una redacción «poco didáctica» o «inteligible» para el ciudadano.
El secretario de Estado ha respondido a estas críticas recordando que el IMV era un «proyecto de legislatura» que se tuvo que activar en «tres meses» por la pandemia y ha indicado que le «importa poco quedar mal» en la exposición de motivos de una norma mientras las medidas lleguen a los ciudadanos y cumpla con su cometido.
Del mismo modo, ha desmentido que se haya surprimido la exigencia de ser demandante de empleo, de hecho, ha explicado que se ha convertido en «una obligación» con el objetivo de «no cargar» al SEPE y evitar que los solicitantes hicieran «dos visitas en una situación en la que no es oportuno» desplazarse; y ha indicado que el crecimiento de la aprobación de solicitudes está «creciendo».
En concreto, ha indicado que se han aprobado las mismas solicitudes del IMV que pensiones de jubilación en un año. Así, ha pedido al PP que tenga en cuenta «la magnitud» de solicitudes que se han recibido (un millón) y se ha preguntado a cuántos ciudadanos «no se estaba atendiendo con programas» similares, hasta ahora.
«MUCHO TIEMPO» DE ESPERA
En este sentido, y sobre las esperas de las familias, Arroyo ha señalado que los hogares «han esperado tres meses y mucho más» cuando no existía el IMV y que se está gestionando «mucho más rápido que en ninguna comunidad autónoma».
Del mismo modo, ha indicado que se están rechazando también solicitudes que no cumplen unos requisitos que, ha reconocido, son «complejos». Aún así, ha insistido, las modificaciones hechas «han funcionado» y se están acortando plazos, lo que ha permitido que la ayuda llegue «a 400.000 personas y 150.000 hogares».
