El Gobierno de Castilla-La Mancha ha garantizado que su compromiso con la sanidad pública «sigue siendo el de siempre» y ha asegurado que la factura sanitaria por el COVID-19, cuando se vayan conociendo más datos, se verá como engordó «más en mayo», ha seguido engordando en junio y va a seguir «engordando» en los próximos meses porque la lucha contra la pandemia aún no ha terminado.
Ha sido su portavoz, Blanca Fernández, quien ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para informar sobre los acuerdos aprobados esta semana por el Consejo de Gobierno.
De este modo, ha explicado que, según datos del Ministerio de Hacienda, Castilla-La Mancha destinó hasta el mes de abril 352 millones de euros al gasto sanitario derivado del COVID-29, lo que supone el 0,92 por ciento de su PIB.
«En términos relativos, Castilla-La Mancha ha sido la comunidad autónoma que más esfuerzo ha realizado», ha defendido la portavoz del Gobierno castellanomanchego, quien ha recalcado que la región ha realizado «un esfuerzo sobrehumano para enfrentarse al COVID-19».
Según ha apuntado Blanca Fernández, «este esfuerzo se ha realizado por obligación porque teníamos una pandemia que estaba azotando muy duro, pero también por convicción porque la sanidad pública es nuestra apuesta y es aquel colchón de seguridad que asegura la vida y la salud de las personas con independencia de su cuenta corriente».
Sólo Madrid y Cataluña han invertido más dinero en términos absolutos que Castilla-La Mancha, ha continuado Fernández, quien ha dicho que, tras analizar estos números, se comprenderá mejor la reivindicación del presidente regional, Emiliano García-Page, de que el fondo de compensación de 16.000 millones de euros del Gobierno de España se reparta según la afectación de la pandemia.
Entre todas las comunidades autónomas, la factura sanitaria por el COVID-19 hasta abril, fue de 2.238 millones de euros. La de Castilla-La Mancha, 352 millones de euros, lo que supone el 16 por ciento del conjunto de la factura en toda España.
«Castilla-La Mancha tiene el 4,4 por ciento de la población española, eso supone que hemos hecho el triple de esfuerzo de lo que nos hubiera correspondido en condiciones normales, por eso ese esfuerzo tendría que haber sido compensado en proporción en el reparto de los fondos adicionales», ha sostenido la portavoz.
