Desde el año 2010 el agua está considerada por la Organización de Naciones Unidas como un derecho humano esencial. Ese derecho, para esta institución internacional, es equiparable al de la vida misma. Si la vida no tiene precio, ¿porque nuestras administraciones se han empeñado en hacer del agua un elemento mercantil más o una moneda de cambio política para sacar adelante sus proyectos partidistas?
En el año 2012 Izquierda Unida de Castilla-La Mancha junto con otros colectivos en defensa del río Tajo, se convertía en uno de los peticionarios al Gobierno de Europa para que tomara las medidas que fueran necesarias que salvaguardaran las balsas de agua de nuestra región y se garantizaran los aspectos básicos y elementales de nuestros ríos, entre otras cosas. En esta semana nos tenemos que sentir todos satisfechos porque el Tribunal Supremo ha tumbado parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo, garantizando así unos caudales ecológicos mínimos durante todo el año. No se trata de decir cuál es la cantidad mínima de agua con la que tiene que sobrevivir nuestro río, sino explicitar cuál es la cantidad de agua que nuestro río necesita para ser eso, un río. Izquierda Unida de Castilla-La Mancha hace pocas fechas defendía esto mismo en Europa después de la petición del año 2012 y por eso también nos sentimos satisfechos con esta sentencia que viene a corroborar la petición de la sociedad toledana y de nuestra región.
Sin embargo el agua tiene, al menos, otra vertiente muy importante y es con la que los ciudadanos y las ciudadanas convivimos todos los días de nuestra vida. Es el agua dedicada al abastecimiento, el que llega a nuestras casas. En este caso, seguimos profundamente decepcionados, y no queremos que la alegría de la sentencia sobre el Tajo esconda este proceso de mercantilización de nuestro derecho.
El día 22 de marzo celebraremos el Día Internacional del Agua aplaudiéndonos todos y todas por el logro conseguido de tumbar de forma parcial el Plan Hidrológico del Tajo. Sin embargo el día 22 también tenemos que recordar que en pueblos de la provincia de Toledo como Quismondo, gobernado por el PP, con el agua en manos de una empresa privada, los vecinos y vecinas que no pueden hacer frente al pago de la factura se les corta el suministro de este derecho humano.
Los ayuntamientos encontraron un filón de financiación privada muy importante vendiendo uno de sus patrimonios fundamentales: el agua. A cambio recibían importantes cantidades de dinero que no tenían por qué destinar a la mejora de la red o asegurar que los ciudadanos tuvieran garantizado el servicio en las mejores condiciones. Podían pagar las mejores fiestas taurinas de la comarca, los mejores conciertos o tapar los desmanes de ciertas gestiones desordenadas. Desde Izquierda Unida consideramos que esa garantía de servicio óptimo se asegura cuando se presta desde la propia administración.
No es admisible escondernos detrás de las leyes que han elaborado el enemigo de nuestra clase trabajadora (las leyes derivadas de la modificación constitucional del 2011 del PP y del PSOE y el infame artículo 135 que prioriza el pago a los bancos frente a las necesidades ciudadanas), leyes que ha elaborado el Partido Popular y que utilizan los técnicos municipales para decirnos que es inviable recuperar un servicio que está en manos de la empresa privada. Los concejales y concejalas, y alcaldes y alcaldesas, son los responsables de gobernar y tomar decisiones políticas en función de sus prioridades sociales, en función del motivo que les llevó a representar a los vecinos y las vecinas. Otros ayuntamientos, como el de Valladolid con una concejala de Izquierda Unida al frente de la concejalía responsable de recuperar el servicio de agua, tomaron esta decisión y han ido recuperando el servicio, a pesar de las trabas judiciales que se les han puesto y que han ido ganando una a una.
Con la gestión privada del agua que llega a nuestras casas los ayuntamientos se aseguran ingresos extraordinarios que no tienen la obligación de gastar en la mejora de la red. Pero además se aseguran que la empresa concesionaria sea la responsable de las obras que se realicen en las infraestructuras hidráulicas del municipio, sin pasar por procesos de licitación. Las empresas que gestionan el agua de nuestras casas son las que usurpan la personalidad jurídica municipal para ser las responsables del cobro de unos recibos que deberían responsabilizarse los servicios técnicos municipales. Cuando una empresa privada se hace con este suministro, el beneficio las facturas del agua se reparten entre los socios y entre las multinacionales que forman parte de todo un entramado de ingeniería financiera que saca el dinero de la ciudad. No gana la ciudad.
La gestión pública del agua suelen tener subcontratadas a empresas locales para desarrollar trabajos relacionados con la prestación del servicio (limpieza de imbornales, lectura de contadores, reparaciones, etc). Cuando las multinacionales privadas se hacen con el servicio urbano de aguas ese tejido empresarial local desaparece porque éstas tienen sus propias compañías del grupo que hacen esos servicios. Las multinacionales quieren ganar dinero y en nuestro país la legislación laboral se lo pone muy fácil para que, cuando no gana lo que espera, precarice el empleo de forma insostenible.
Nos han creado el falso mito de que lo privado funciona mejor y es más barato. Sin embargo, para la gestión del derecho humano al agua, si se gestiona de forma directa sería más barata y de mejor calidad que si lo hace una empresa privada. Es posible que todo sea más fácil para las corporaciones y los servicios técnicos municipales si se lo dejamos a una empresa y nosotros y nosotras simplemente los acompañamos a los colegios a dar charlas sobre la importancia que tiene el ahorro de agua, un ahorro que no conviene a una empresa que quiere ganar dinero.
Este 22 de marzo debemos celebrar que el Tajo puede ser que empiece a ser un verdadero río en fechas venideras, pero tenemos que empezar a querer celebrar que existe un movimiento social que quiere derogar las leyes hechas por nuestro enemigo de clase, el Partido Popular y las diferentes derechas que campan por nuestro país y por nuestros ayuntamientos, buscando el beneficio ciudadano que imposibilite el corte de suministro de este derecho humano y asegure un consumo mínimo vital por ley.
