El juez concursal del proceso de venta del aeropuerto de Ciudad Real, Carmelo Ordóñez, ha dictado una providencia por la cual da cuenta de un escrito presentado por la adjudicataria provisional, CR International Airport (CRIA) que contiene una sentencia del Tribunal Supremo de la pasada semana por la cual se declara firme una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que condenaba al Gobierno de esa Comunidad Autónoma a pagar 87 millones de euros -65 de principal más intereses acumulados desde mayo de 2009- al administración de la empresa.
En su escrito presentado al Juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real, CRIA, ofrece la cesión del crédito que ha obtenido de la condena dineraria dictada por el TSJ de Baleares para pagar la totalidad del precio de compra del aeropuerto de Ciudad Real.
A la vista de dicho escrito y documentación que le acompaña, el Magistrado del Juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real dispone en la Providencia que se oiga a la Administración Concursal, a la empresa concursada y a los acreedores personados en el procedimiento para que, en el plazo de un día, que finalizará a las 15.00 horas de este viernes, aleguen lo que estimen oportuno a la propuesta de pago hecha por CRIA.
La Providencia recoge, además, que el juzgado dará traslado del escrito y de la documentación aportada por CRIA a la Administración Concursal y al Ministerio Fiscal.
De ser aceptada la propuesta de pago hecha por CRIA, el Magistrado dictará el 17 de julio de 2018 auto que supondrá la finalización definitiva del proceso de venta de la infraestructura aeroportuaria a la adjudicataria provisional, con la firma de la escritura notarial de compraventa en fecha 18 de julio de 2018.
En la misma Providencia, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real señala que si se aceptara la propuesta de pago hecha por CRIA, esto es con cargo al crédito derivado de la sentencia firme del TSJ de Baleares, el concurso quedaría subrogado en dicho crédito y en su ejecución, pago que se tendría que llevar a cabo por parte de la Comunidad Autónoma de Baleares en un plazo de 4 meses, según la ley sectorial.
