El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves una resolución del PSOE, con los votos a favor de Podemos y en contra del PP, que rechaza el último trasvase de 60 hectómetros cúbicos, pide que se estudien fórmulas para abaratar el coste el agua, como por ejemplo subvencionando el agua desalada con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) , e instan al Ejecutivo central a promover y consensuar un pacto nacional del agua.
El texto, tras un debate general sobre la situación del trasvase y su repercusión en C-LM, explicita su apoyo al Gobierno regional para impulsar una reforma legal que permita utilizar el agua de las desaladoras a plena capacidad, garantizando el autoabastecimiento de Levante, y demanda al Ejecutivo central que modifique la legislación vigente para que la Junta pueda ser miembro de pleno derecho de la comisión central de explotación del acueducto Tajo-Segura.
La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha reclamado a los grupos políticos, durante su intervención en el debate general propuesto por el Grupo Socialista relativo a la situación del trasvase Tajo-Segura y su repercusión en Castilla.-La Mancha, que tengan «unidad» en la defensa de los intereses hídricos de la región «como ha sucedido en otros lugares» ya que esta es, a su juicio, «la única manera de ponernos en igualdad con otras comunidades autónomas».
García Élez ha opinado que la situación de los embalses de la cabecera del Tajo está «cerca de un punto de no retorno» y ha manifestado que estos «no pueden considerarse como fuente de recurso» sino «todo lo contrario».
La titular de Fomento ha relatado que, desde la aprobación del Memorándum del Trasvase Tajo-Segura, la cabecera del tajo «ha estado invariablemente en situación de alerta y emergencia» y «nunca en situación de normalidad».
DESALACIÓN
A este respecto, ha lamentado que la no utilización de las desaladoras construidas en el Levante durante una década «ha supuesto una enorme pérdida de producción de agua». «La ministra ha afirmado que las regiones del Levante se han salvado gracias a la desalación», ha continuado, cuestionándose «por qué no se aumenta más la producción y se permite que muchas de ellas sigan paradas o funcionando a una fracción de su capacidad».
Agustina García Élez ha insistido en que la evolución de la tecnología de la desalación «ha sido espectacular» y la eficacia en la eliminación de sales y otras sustancias como el boro «ha mejorado enormemente». «Es totalmente apta para el consumo humano», ha reiterado, señalando que las Canarias «depende de la desalinización» para mantener su economía.
PODEMOS: «RÍO SECUESTRADO»
El diputado de Podemos David Llorente ha mostrado su «absoluto rechazo» a las nuevas concesiones de agua al Levante para los próximos tres meses, considerando esta una «decisión injustificable e irresponsable» que pone «en grave riesgo» la posibilidad de atender las necesidades del Tajo.
«El Tajo es un río agónico y secuestrado», ha manifestado Llorente, que ha abogado por un pacto de estado «orientado a una gestión integral y sostenible del agua como bien público». «Necesitamos con urgencia una gestión del agua justa y sostenible» así como «condiciones para clausurar definitivamente el trasvase».
PSOE: «CADÁVER HIDROLÓGICO»
Desde el PSOE, la parlamentaria Carmen Torralba ha definido al Tajo como «un verdadero cadáver hidrológico» debido a la gestión que el Gobierno central ha hecho de las situaciones de emergencia, poniendo «parches» para paliar sus efectos «sin una verdadera planificación y de futuro».
La socialista, que ha incidido en que no quieren «polémica sino acuerdo», ha apuntado que los regantes del Segura «no necesitan trasvases, necesitan agua y la tienen delante sus narices», convencida de que «el verdadero debate es lo que se está dispuesto a pagar por el agua», instando en este punto al Gobierno de España a que estudie una alternativa para abaratar el precio del agua desalada.
Torralba está convencida de que «es momento de acabar con el Memorándum que impone trasvases masivos y que ha conseguido matar el buen estado ecológico» del río, y que cree que fue un «caramelo envenenado», y ha destacado que el Tajo «debe dejar de ser un río enfermo y en nuestras manos está».
PP: «HABLAN MUCHO PERO NO APORTAN SOLUCIÓN»
La parlamentaria del PP Ana Guarinos, que ha repasado durante su intervención las propuestas políticas de los últimos años en torno al trasvase, ha asegurado que no ha sido hasta que el PP ha gobernado en España y en Castilla-La Mancha cuando se ha empezado a actuar sobre el Tajo, considerando que los socialistas «hablan mucho pero no han aportado una solución» en 31 años de gobierno.
Guarinos ha criticado que el PSOE, que «ni una sola vez» se ha dirigido al PP para hacerle un ofrecimiento o un acuerdo de consenso en materia de agua, solo saca este tema cuando llegan las elecciones, destacando, además, que fueron los socialistas los que dejaron «empantanadas» las desaladoras.
Tras instar al Ejecutivo autonómico a ponerse a trabajar en la depuración de aguas, ha apostado por la necesidad de un gran pacto nacional del agua «para evitar que sigan utilizando el agua como arma arrojadiza», ya que, a su juicio, los socialistas «solo han conseguido fracaso y frustración» en torno a un tema en el que son «incapaces de dar un palo al agua».
Finalmente, el PP no ha obtenido el apoyo para su propuesta de resolución –rechazada por PSOE y Podemos–, donde instaban tanto al Gobierno central como al regional a continuar trabajando en la consecución de un pacto nacional en materia de agua que se base en criterios de unidad de cuenca, y garantice todo el agua que necesite Castilla-La Mancha. Los ‘populares’ pedían una planificación rigurosa y adecuada de la gestión del agua y, entre otras medidas, insta a la Junta a trabajar para conseguir un «Tajo vivo» a su paso por la región.
