Representantes de la formación magenta de la Región de Murcia y Castilla La Mancha han mantenido un encuentro de trabajo en La Roda, con el objetivo de aunar esfuerzos en la petición al Gobierno central para poner en marcha los mecanismos necesarios para que la interconexión entre cuencas excedentarias y demandantes sea una realidad en el horizonte más próximo posible, y que ayude a vertebrar nuestro país.
En la reunión de trabajo estuvieron presentes los candidatos a la presidencia de ambas comunidades autónomas, Celia Cámara y César Nebot, así como los responsables de agua y agricultura de ambas regiones.
Asimismo, para UPyD es muy necesario hacer una revisión del estudio que se hizo en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001, sobre la viabilidad económica de la alternativa de transferir agua desde el Alto Duero a la cabecera del Tajo en los embalses de Entrepeñas y Buendía, pues dicho estudio fue muy sesgado, y en estos momentos esta alternativa supondría una verdadera solución para acabar, de una vez por todas, con las necesidades de agua de ambas comunidades autónomas.
Ambos candidatos tienen plena coincidencia en que es preciso mejorar la situación de cabecera del Tajo, así como de su tramo medio y zona de Talavera de la Reina, con un lamentable estado en cuanto a calidad ambiental y ecológica se refiere.
Para UPyD el coste de la depuración debe provenir del importe que los regantes murcianos han pagado a la Comunidad de Madrid, que alcanza los 73 millones de euros para obras hidráulicas más 17 millones de euros para Ingeniería Sanitaria, y que se deberían haber destinado a mantener las condiciones de salubridad del río a su paso por Talavera.
Respecto a las cantidades abonadas por los regantes de Murcia a la Junta de Comunidades de Castilla Mancha y que ascienden a 119,8 millones de euros, UPyD exige una mayor información sobre la utilización de esos fondos y su destino a abastecimiento y depuración de aguas.
Por otro lado, en aras de encontrar una solución permanente a las necesidades de agua para riego en el Levante español, los representantes de ambos territorios han coincidido en que se deben considerar las desalinizadores instaladas en la costa como una infraestructura de Estado.
Así, los gastos de amortización de estas instalaciones necesarias para la planificación territorial, como si de autopistas o ferrocarril se tratara, deben correr por cuenta de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que posibilitaría una disminución del precio del agua, haciéndola asequible para el riego, y contribuyendo así a aminorar las demandas de la cuenca del Tajo.
