La Consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha participado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia en el que ha reclamado que se retrase la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local LERSAL, prevista para el 1 de enero de 2016.
La posición de Castilla-La Mancha, que mantienen otras comunidades autónomas y la FEMP, es la de solicitar una moratoria en la aplicación de dicha ley por la inseguridad en la forma de financiación de los Servicios Sociales a partir de su entrada en vigor.
La consejera ha recordado que la disposición transitoria segunda de la ley establece que “no entrará en vigor hasta que no se acuerde el marco de financiación autonómica y local”, por lo que “nos dejaría en una situación de inseguridad económica para poder desarrollar los proyectos”
Respecto a la Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar 2015-2020, la consejera ha reconocido la importancia de presentar una iniciativa de estas características pero ha criticado “que nazca sin financiación” ya que el proyecto presenta dificultades porque al no contar con dotación económica “supone un gran sacrificio para las Comunidades autónomas”.
La estrategia incluye aspectos como los programas de autonomía personal para menores tutelados, que hace más de 15 años que se pusieron en marcha en Castilla-La Mancha, o la mediación familiar en aspectos jurídicos y psicológicos en los que nuestra región también ha sido pionera en implantar.
La consejera ha criticado que la evaluación de la aplicación de la Ley de Dependencia, que ha abordado el Consejo Territorial, no haya tenido presente la disminución de la aportación presupuestaria del Gobierno de España en el Sistema Nacional de Dependencia que en el caso de nuestra región solo alcanza el 19%, frente a la aportación de los usuarios, el 18%, y del Gobierno de Castilla-La Mancha, el 63%.
