El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha comparecido hoy en las Cortes de Castilla-La Mancha para informar sobre la ejecución de los pagos de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) en la región. Una interpelación que ha coincidido en el día en que los agricultores y ganaderos de la comunidad autónoma ingresan en sus cuentas 219 millones de euros del anticipo del Pago Básico y el Pago Verde de la PAC, “tal y como anunció el presidente de Castilla-La Mancha el pasado viernes». Además, ha anunciado que en los próximos días de noviembre se adelantará el 70 por ciento de las ayudas de la PAC a los pequeños agricultores, es decir, aquellos que reciben menos de 1.250 euros, de la campaña 2016.
Con respecto a los pagos de la Política Agraria Común (PAC) con fondos europeos correspondientes al año 2015, Castilla-La Mancha ha repartido 650 millones de euros, 15 millones menos que el año anterior. Un aspecto en el que el consejero se ha detenido y ha lamentado que esta pérdida de fondos repercuta en que cada agricultor reciba un 21 por ciento menos en derechos por hectárea, ya que cada parcela «pasará a valer de 199 euros a 156» en Castilla-La Mancha. El consejero de Agricultura ha criticado el recorte global de 90 millones de euros de PAC en la región hasta 2020 por la negociación que se hizo por parte del Gobierno anterior que, además, “presumió de la defensa de los agricultores y ganaderos de la región y, sin embargo, ahora comprobamos como van a perder 90 millones de euros en todo el período”.
Por otro lado, Martínez Arroyo ha destacado la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha con respecto a la reforma de la PAC, que «irá dirigida a los que se juegan su dinero», por lo que ya se han puesto en marcha medidas como “la exigencia de que aquellos ganaderos que reciban ayudas por la explotación de pastos se dediquen realmente a la ganadería”, es decir, que se pueda comprobar que están inscritos en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA).
En este sentido, el consejero ha defendido que las Administraciones autonómicas tienen un pequeño margen de actuación y esta campaña, el Gobierno regional ha exigido “que solamente los ganaderos, aquellos que tienen explotaciones ganaderas, puedan cobrar los derechos de pastos de la región». Y ha señalado que «esto no ha sucedido en ninguna otra comunidad autónoma” y desde Castilla-La Mancha entendemos “que no se pueden activar derechos de pastos si los beneficiarios no se dedican a la actividad ganadera”, una muestra del compromiso del Gobierno regional con los profesionales.
