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La Junta recupera las Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo favoreciendo la inserción de las personas con discapacidad

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El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando ha recalcado que la aprobación de orden de ayudas a Unidades de Apoyo de Centros Especiales de Empleo por parte del Consejo de Gobierno permitirá recuperar las unidades de apoyo a la actividad profesional para los trabajadores con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo, ya que, ha reconocido, la inserción y empleabilidad de las personas con discapacidad es una prioridad de este Gobierno, y una obligación moral para el conjunto de la sociedad.

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Así lo ha destacado hoy Nacho Hernando en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo donde ha recalcado que esta orden, por valor de 200.000 euros, está dirigida a sufragar los costes laborales y de Seguridad Social de los trabajadores con contrato indefinido que sean incorporados en estas unidades de apoyo. La cuantía subvencionable es un importe fijo anual de 1.200 euros por cada persona trabajadora a tiempo completo y con un contrato indefinido o temporal superior a 6 meses.

Estas unidades, que como ha recordado el portavoz fueron recortadas durante la pasada legislatura, “tienen la labor de ayudar a superar barreras, obstáculos, o dificultades que los trabajadores con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo tienen en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como la permanencia y progresión en el mismo”.

Entre sus funciones está valorar las capacidades de la persona y necesidades para que el trabajador con discapacidad pueda desarrollar su actividad profesional; establecer las relaciones precisas con el entorno familiar y social de los trabajadores con discapacidad; desarrollar programas de formación para sus puestos de trabajo, apoyos individualizados, favorecer su autonomía e independencia, así como la integración.

En definitiva, estas unidades, ha insistido, “facilitan una mayor normalización, integración, inclusión y autonomía personal de las personas con discapacidad en el mundo laboral”. En la región, ha recordado, hay 90 Centros Especiales de Empleo que dan trabajo a más de 3.000 personas y alcanzan una facturación de más de 50 millones de euros en un entorno de competitividad de mercado y de profesionalidad, “algo que avala y que nos anima a seguir apoyando a estos centros”.

Hernando, que ha recordado que el próximo 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ha explicado que el Gobierno regional ha llevado a cabo este año numerosas actuaciones como la inclusión de cláusulas de integración que obligarán a las empresas adjudicatarias de contratos públicos de la Junta a cumplir la normativa en materia de accesibilidad e inclusión social, y reservar determinados contratos de la Administración regional a centros especiales de empleo y empresas de inserción, un mandato que se estableció por primera vez en Castilla-La Mancha en la Ley de Presupuestos regionales para este año y que estamos definiendo en colaboración con este colectivo.

Asimismo, “hemos optimizado las prestaciones del decreto de ayudas que promueve y facilita la integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo de la región, con mejoras que incluyen una reducción de trámites y agilizando al máximo el pago de las ayudas” y establecido líneas de ayuda para la mejora de la empleabilidad de las personas con discapacidad no sólo a través de los Centros Especiales de Empleo sino también a través de la incorporación e inserción en el mercado laboral en general, con ayudas que van desde los 4.000 a los 6.800 euros por contrato, dependiendo del nivel de discapacidad y favoreciendo también la contratación de las mujeres.

Se va a poner en marcha próximamente el Programa CREA de formación dual y va a promover la estabilidad en el empleo y la inserción laboral de las personas con discapacidad y de los colectivos en riesgo de exclusión social por medio de la reserva de plazas en la Oferta Pública de Empleo (OPE), e incluido ayudas para empresas que incorporen al mercado laboral a personas con discapacidad, así como líneas de apoyo a la innovación y a la comercialización.

Estas medidas han permitido que en lo que va de año, el número de personas con discapacidad demandantes de empleo en Castilla-La Mancha se ha reducido en casi mil, lo que supone un descenso del 12%, según datos del CERMI en la región.

“No es cierto que haya que elegir entre ser punteros en igualdad de oportunidades o ser sobresalientes en materia económica”, ha dicho. En este sentido, la inserción y empleabilidad de las personas con discapacidad es una prioridad de este Gobierno, y una obligación moral para el conjunto de la sociedad, “y lo estamos haciendo a la vez que hemos reducido el déficit en 106 millones de euros en tan solo un año”. “Hemos cambiado la tendencia respecto a la anterior legislatura, y como ayer demostramos, nos planteamos, y conseguimos objetivos, de la mano de la sociedad activa”, ha aseverado.

Ayudas al inicio de la actividad empresarial

Hernando ha anunciado asimismo la aprobación en Consejo de Gobierno de una primera orden de ayudas, dotada con más de 7,7 millones de euros, que permitirá sufragar los gastos de inicio de actividad a todos aquellos emprendedores que han puesto en marcha su proyecto, incluso con carácter retroactivo, desde septiembre de 2014 hasta este mes de diciembre de 2016, y que pretende “crear un ecosistema emprendedor” y donde se fomente “el emprendimiento responsable”.

“El emprendimiento es cosa de todos, y no es tarea fácil”, de hecho, ha considerado, “existe un altísimo porcentaje de fracaso en los tres primeros años de vida del negocio”, por lo que, ha insistido el portavoz, el Ejecutivo regional “se plantea el reto de crear un programa integral basado en tres ejes, formación, tutorización y seguimiento de los proyectos que se pongan en marcha, para conseguir que sean viables”.

Entre las actividades subvencionables, ha explicado, se incluyen las cotizaciones al RETA o mutualidad del colegio profesional correspondiente; los gastos necesarios para obtener la financiación de proyectos, entre otros los de formalización, estudio, y constitución de préstamos o avales; los honorarios de notario y registrador; las tasas de licencias municipales, así como la publicidad, marketing, página web y posicionamiento web.

Se estima, ha especificado, que en torno a 2.500 personas podrán ser beneficiarias de esta primera orden de ayudas, unas ayudas cuya cuantía, 7,7 millones de euros, es hasta 4 veces mayor a cualquier importe aprobado en los años 2012, 2013, y 2014.

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En este sentido, ha afirmado que aunque se vaya a impulsar a estas personas “queremos crear un ecosistema emprendedor en nuestra región, y queremos fomentar el emprendimiento responsable, donde cobre protagonismo la persona que va a iniciar su proyecto para que sea dueño de sus propias decisiones y participe activamente en todo el proceso”, ha dicho.

Por ello, con carácter excepcional para 2016, ha reconocido que “es de justicia” con todas las personas en desempleo que en su momento optaron por montar una microempresa, por el autoempleo y por la puesta en marcha de su proyecto como modo de incorporación al mundo laboral, y que no tuvieron ninguna ayuda económica para hacer frente a los primeros gastos necesarios para poner en marcha su negocio, que puedan tener acceso también a estas ayudas y que puedan sufragar las actuaciones subvencionables siempre y cuando se hayan ejecutado entre el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de octubre de 2016.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en esta orden las personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo, cuando se establezcan como personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia en una microempresa que desarrolle actividad económica en nuestra región. Estas personas recibirán una ayuda con carácter general de un máximo de 3.000 euros, para los hombres emprendedores, 3.600 si se trata de un hombre emprendedor con discapacidad.

Para los proyectos de emprendimiento promovidos por mujeres se concederán ayudas de un máximo de 4.000 euros, que se incrementará hasta los 4.800 si se trata de una mujer con discapacidad.

“Este Gobierno, principalmente a través del Plan Adelante para los años 2016-2019, se ha planteado como objetivo mejorar la competitividad de nuestras empresas e impulsar su capacidad de crecimiento, y en consecuencia, crear y consolidar empleo digno y de calidad en nuestra región”, ha subrayado Hernando, quien ha reconocido la importancia del emprendimiento para lograr un crecimiento inteligente, sostenible, e integrador que contribuya a reducir, y ojalá eliminar, la brecha social”.

Así, y tras avanzar que el próximo 14 de diciembre tendrá lugar la firma del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y de Emprendimiento 2016-2020, el portavoz ha animado a cerrar esta brecha social “con la ayuda del conjunto de la sociedad activa”.

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