El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha no contempla ninguna subida de impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma, si bien el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha avanzado que de cara a 2018 sí que se prevé hacer ajustes en tributos como Patrimonio o el tramo autonómico del IRPF para hacerlos «más acordes» a la situación económica de cada castellano-manchego.
En la rueda de prensa en la que ha presentado las líneas generales de este Proyecto de Ley, que este mismo miércoles llega a las Cortes para iniciar su trámite parlamentario, ha querido recalcar que el texto no tiene incremento de la presión fiscal.
«No se tocan tasas, ni tributos cedidos, ni patrimonio, ni IRPF», ha dicho Ruiz Molina, quien ha recordado que este extremo debería ser «suficiente» para contar con el visto bueno del PP, ya que en los últimos meses se había comprometido a apoyarlos si no se aumentaban impuestos.
En todo caso, ha avanzado que habrá un «análisis sosegado» para plantear una revisión de tributos, «siempre pensando en la capacidad económica de quienes los tienen que satisfacer».
AUMENTA LOS INGRESOS CORRIENTES, EXCEPTO LAS TASAS
El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma cuenta con una previsión «prudente» de los ingresos corrientes que se recaudarán en la región, que aumentarán en 342,4 millones hasta los 6.582,1.
Así, se aumentará la recaudación en impuestos directos en 31,1 millones de euros hasta 1.222,1; en impuestos indirectos 44,6 hasta 2.601,8; en transferencias corrientes 270,7 hasta 2.537; y los ingresos patrimoniales en 200.000 euros, hasta los 11,9 millones.
El capítulo de tasas públicas es el único que verá reducir su partida, ya que caerá hasta los 208,6 millones, 4,3 menos que en 2016.
Analizando la procedencia de los ingresos, las tasas e impuestos representarán el 45,21% del total; seguido de transferencias corrientes y de capital (33,27%); y activos y pasivos financieros (21,31%).
MÁS DE 1.500 MILLONES PARA AMORTIZAR DEUDA
El Ejecutivo autonómico ha destinado 1.519,6 millones a amortizar deuda pública este año, 1.126,9 correspondientes a vencimientos de préstamos suscritos en la pasada legislatura –el 74% del total–.
Con respecto al próximo año, el montante total que irá a parar a este objetivo ascenderá a 1.755,5 millones de euros, por lo que será el capítulo que más aumente relativamente y en valores absolutos.
De esta manera, este gasto representará un 15,7% más que en 2016, con cerca de 240 millones más.
FOMENTO, LA QUE MÁS SUBE
Todas las consejerías del Gobierno autonómico verán aumentado su presupuesto de gastos, siendo la cartera de Fomento la que más verá subir su disponibilidad en términos relativos, pasando de 233,9 millones a 258,7, un total de 24,7 más que en 2016 (un 10,5% de subida).
Le siguen la Consejería de Sanidad, que sin contar el Sescam contará con 88,8 millones (5,8 más, un 7% de subida); la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, que verá aumentada su partida un 4,8% hasta los 17,4 millones; Educación, Cultura y Deportes, que sube un 4,9% hasta 1.639,9; Economía, Empresas y Empleo, con un aumento de, 4,3% hasta 256,3 millones.
El Sescam tendrá 86,9 millones más hasta 2.639,6; Agricultura se eleva 13 millones hasta 1.391,7; Bienestar Social gana 26,2 millones y se coloca con 668,6; Presidencia contará con dos millones más y 56,6 en total; y el Instituto de la Mujer verá incrementado su presupuesto en 800.000 euros, hasta los 17,4 millones.
PLAN DE GARANTÍA CIUDADANAS
Juan Alfonso Ruiz Molina ha destacado la implementación en los presupuestos del Plan de Garantías Ciudadanas de Podemos, recordando que la intención última del Ejecutivo es darle forma de ley en 2018.
Para las medidas de fomentar el arrendamiento de viviendas a familias en exclusión, desarrollar una Ley de Vivienda, garantizar este derecho, apoyar económicamente para garantizar los suministros y establecer una garantía de rentas se prevén 119,2 millones de euros.
Más de la mitad de este grueso se va a parar a políticas activas de empleo, con 67,6 millones; 26,2 para Servicios Sociales; 14,9 en cuanto a Vivienda; 10,2 para acciones educativas y 300.000 euros para promover valores de igualdad de sexos.
500 MILLONES MÁS EN GASTO SOCIAL EN DOS AÑOS
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto de manifiesto que el montante destinado a políticas sociales será de 5.009 millones de euros, 509 más que en 2015, último presupuesto del Gobierno del PP.
Teniendo en cuenta el porcentaje en cuanto al gasto no financiero previsto, Sanidad se lleva el 37,7%; Educación el 22,7%; Agricultura y Medio Ambiente el 19,3%; Servicios Sociales el 9,7%; las políticas de empleo el 3,6%; Urbanismo y Vivienda el 3,4%; Servicios Generales el 2%; y la investigación y el desarrollo el 1,6%.
Poniendo como encuadre la recuperación social, ha enumerado algunas de las políticas previstas en las distintas áreas para conseguir ese objetivo, como el Plan de Infraestructuras educativas, la creación de ocho nuevos centros de salud, la consolidación de la red de centros de atención a personas con discapacidad, el impulso de la incorporación de jóvenes agricultores o la recuperación de la tarjeta joven de transporte interurbano.
En cuanto al impulso al desarrollo económico, «se destinarán 5,4 millones de euros al día» en partidas presupuestarias agrupadas en los 92,5 millones previstos para el Plan Extraordinario de Empleo; los 30,2 para el Plan Adelante; 107,3 millones para investigación y desarrollo; o 253 millones para desarrollar económicamente los entornos rurales.
