El pleno aprobó todos los puntos que se sometieron a votación, en la sesión ordinaria celebrada el pasado jueves 30 de marzo, y “desafortunadamente” tuvo que volver a guardar un minuto de silencio en recuerdo y solidaridad con las víctimas de la violencia machista, así como en repulsa y condena de “esta lacra que no cesa”.
En el punto informativo sobre la liquidación del presupuesto general de 2016, el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, indicaba que “este año se ha cerrado con superávit”, como viene ocurriendo en los últimos años en el que los ingresos superaron a los gastos, arrojando al cierre del pasado año un remanente de tesorería para gastos generales de 308.670,61 euros, “una cifra muy positiva, que muestra la buena gestión que se está llevando en el Ayuntamiento”, subrayó Jiménez.
Además, el alcalde, pidió al Gobierno nacional un cambio en la Ley que permita a los Ayuntamientos como el argamasillero, “con bajo endeudamiento”, destinar el superávit a generar empleo, inversiones, infraestructuras o servicios sociales, y no como en la actualidad, que está obligado por Ley a la amortización de deuda, aunque, como es el caso, se esté al corriente de los pagos.
La portavoz del PP, Sonia González, mostró su desacuerdo con las “numerosas” modificaciones presupuestarias llevadas a cabo en 2016 y el aumento en gasto corriente, pidiendo seguidamente la reducción de éste, para poder destinar una mayor cantidad “a inversiones sostenibles o amortizar deuda”, esta gestión, según González, tiene como consecuencia “que sigamos estancados, sin poder avanzar en nuevos proyectos e inversiones”.
Por su parte, Esther Trujillo, portavoz de IU, indicó que aun cuadrando las cuentas “con forme a la Ley”, no compartir ni dicha Ley, ni la gestión realizada por el equipo de gobierno por el aumento del gasto corriente y la bajada de inversiones. “Para que queremos un remanente de 308 mil euros si el Gobierno central no nos va a permitir destinarlo a inversiones, sino para pagar deuda”, aseveró Trujillo, por lo que pidió controlar el gasto corriente, aumentar las inversiones “y no ahorrar tanto”.
En la línea de la economía municipal, el interventor, en su informe de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública con motivo de la liquidación del presupuesto, indicó que el Ayuntamiento tiene una capacidad de financiación de 730.850,72 euros, ha reducido el gasto computable en 1,28 % y tiene una deuda viva, al 31 de diciembre, de 1.818.813 euros, lo que representa un porcentaje de deuda del 29,95 % sobre los ingresos corrientes, muy lejos del 110 % que establece como máximo la Ley, por lo que las cuentas municipales cumplen con lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Destacar que la “deuda real” a finales de 2016 no es de 1.818.813 euros, sino de 971.932 euros, al haberse dispuesto únicamente de 255 mil euros del 1,1 millones de la operación de tesorería que tenía concertada el Ayuntamiento, una cifra que el interventor tiene que computar en su totalidad en su informe aunque de ésta solo se haya hecho uso de una pequeña parte.
Para evitar que a cada gobierno le siga una Ley educativa, el grupo Izquierda Unida llevó al pleno una moción por un “Pacto Educativo consensuado con la Comunidad Educativa”, para que “el nuevo modelo educativo sea fruto del consenso de todos los sectores implicados (…) para alcanzar una estabilidad real en el modelo educativo”. Una propuesta que fue aprobada por unanimidad.
Con el voto a favor de PSOE y PP, y en contra de IU, por falta de tiempo para un estudio en profundidad, se aprobó inicialmente la modificación de la ordenanza sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles para actualizar las exenciones que en este sentido marca la Ley, entre las que destaca la exención del mismo en aquellas superficies rústicas que se acojan a proyectos de reforestación, previa solicitud del interesado, contribuyendo con ello al crecimiento de la masa forestal en el término municipal.
Igualmente, pero en este caso con la abstención de IU, salió adelante la modificación inicial de la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación del servicio de visitas guiadas a la Cueva de Medrano y otros enclaves de la localidad, modificándose el precio individual para mayores de 8 años, pasando de 5 a 3,5 euros, y la de grupos organizados con reserva previa de entre 40 y 55 miembros estableciéndose en 100 euros por grupo y 2 euros adicionales por cada miembro que exceda de los 55.
Con la finalidad de unificar en un mismo organismo la recaudación de los impuestos municipales, el equipo de gobierno llevó al pleno la solicitud de “la aprobación inicial de la ordenanza de delegación de la gestión tributaria e inspección del IAE a la Diputación Provincial”; propuesta que contó con el voto favorable de PSOE y PP, considerando que este es el mejor sistema y más eficaz para la gestión y control de este impuesto; mientras que IU lo hizo en contra, pues entre sus propuestas electorales se encontraba recuperar para el Ayuntamiento la recaudación de los impuestos.
