El Grupo Parlamentario Socialista ha logrado sacar adelante –con el apoyo de Podemos– una propuesta de resolución en la que, entre otras cuestiones, exigía al Gobierno central incluir a Castilla-La Mancha en los decretos de sequía que ha aprobado hasta el momento y que la excluyen, una petición que no ha sido suscrita por los ‘populares’.
Además de reclamar al Ejecutivo central que haga política de Estado en materia de agua, los socialistas también han pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que garantice el desarrollo económico de todas la cuencas, que exima a los agricultores y ganaderos de Tajo y Guadiana del pago de las cuotas de Seguridad Social, abordar la sobreexplotación de Entrepepñas y Buendia y dar prioridad al uso de las desaladoras en detrimento del trasvase.
Mientras, los parlamentarios ‘populares’, cuya resolución no ha prosperado al ser rechazada por socialistas y los dos diputados de Podemos, han exigido al Ejecutivo de Emiliano Gacía-Page ejecutar el programa de regadíos en su integridad, ante el bajo nivel de ejecución del mismo, algo que, a su entender le deslegitima para reclamar más agua.
De igual modo, han reclamado al Gobierno central un presupuesto de 50 millones para revertir la sequía en las cuencas del Tajo y del Guadiana en territorio de Castilla-La Mancha, y un pacto de agua que garantice recursos en cantidad y calidad para la región.
MANO TENDIDA
El debate lo ha iniciado esta vez el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, que ha vuelto reclamar al Gobierno de España que «tenga en cuenta» a Castilla-La Mancha, a la hora de tomar decisiones de gestión hídrica, y a pedir que el Decreto de Sequía lo amplíe a las cuencas del Guadiana y del Tajo.
De igual modo, le ha pedido que no excluya a la Comunidad autónoma de las inversiones previstas en los Decretos de Sequía del Júcar y del Segura, cuando parte de estos ríos discurren por buena parte del territorio castellano-manchego.
Dicho esto, el consejero ha vuelto a mostrar «mano tendida» a las comunidades limítrofes para alcanzar un acuerdo en materia de agua y ha pedido a los parlamentarios regionales que sean capaces de alcanzar un acuerdo, «como piden los ciudadanos», en un asunto tan importante como este.
AUDITORÍAS PARA ACABAR CON ESPECULACIÓN DE AGUA
Mientras, el diputado de Podemos David Llorente ha afirmado que la formación morada aboga por «seguir el rastro del dinero» a fin de acabar con «la especulación del agua», y plantea para este fin llevar a cabo «auditorías públicas para evitar que una minoría se lucre de un recursos que son un bien público».
A su juicio, el Tajo y el Guadiana están en sequía «aunque no lo diga el Gobierno central», y en el caso del Tajo esta sequía es debida «al saqueo». Por ello, ha reclamado al Estado que «declare la sequía» en estas dos cuencas hidrográficas, aunque esto también «implica al Gobierno regional» para que no haya «consumo de agua para otros fines como minería de tierras raras».
Ha señalado la necesidad de un Pacto de Estado que garantice los «usos prioritarios de abastecimiento de la población» frente, ha puesto como ejemplo, «a campos de golf»; y «respetar caudales ecológicos que permitan la recuperación de los ríos o promover alternativas a los trasvases con opciones como las desaladoras de agua en el Mediterráneo».
En el turno de réplica, Llorente ha señalado que está de acuerdo con el PSOE en «plantear el decreto de sequía en la zona del Júcar y Guadiana en Castilla-La Mancha». A su juicio, esta es una situación «política» a la que hay que reclamar «responsabilidades».
PACTO NACIONAL
Si bien la diputada socialista Carmen Torralba cree que la situación de Castilla-La Mancha presenta un futuro «cada vez más seco» porque para el Estado «solo hay sequía alrededor de la región», el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, ha incidido en la necesidad de un pacto nacional del agua y de que la región cuente con agua en cantidad y calidad suficiente para garantizar el desarrollo económico y los caudales de los ríos que discurren por la región, ha afirmado que su formación no puede apoyar las acciones en materia hídrica del Gobierno regional pues «hace trampas al solitario».
«Castilla-La Mancha está huérfana de una política de agua, se ve en los bandazos de este gobierno, que un día dice una cosa y otro otra», ha criticado el portavoz de los ‘populares’, que además de reprochar la falta de iniciativa legislativa tanto del PSOE como del Gobierno regional, ha añadido que cuando proponen resoluciones suele ser «para decir lo bien que lo hace el Ejecutivo de García-Page o para meterle el dedo en el ojo al Gobierno de España», como ocurre este jueves.
Luego de afirmar que su partido se siente «cómodo» debatiendo sobre agua, pues según ha defendido fue la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal la que ha evitado que se siga trasvasando agua de los embalses de cabecera del Tajo, ha expresado su «desesperación» por la «inconsistencia» de este debate.
Sobre todo, ha proseguido el portavoz de los parlamentarios ‘populares’, si se tiene en cuenta que el actual Gobierno central tan solo ha convalidado un decreto de sequía en base a una Orden ministerial aprobada cuando la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, estaba al frente de la Ministerio de Medio Ambiente.
Es por ello que, tras echar en cara que en la región el PSOE pida ampliar el decreto de sequía para las cuencas del Guadiana y el Tajo mientras los diputados nacionales socialistas han votado a favor e excluirlas, ha pedido al de Castilla-La Mancha que no se quede «de brazos cruzados y actúe».
