La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se marca como grandes retos la continuidad de Muface, un nuevo acuerdo salarial y «el fin de los recortes» en la Función Pública de la región tras «más de doce años desde que se implantaron».
CSIF muestra su preocupación por la continuidad de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) tras el rechazo de dos aseguradoras a participar en el concierto y que deja en el aire la asistencia sanitaria de más de 74.000 empleados públicos de Castilla-La Mancha en una situación que debe resolverse antes del 31 de enero, según ha informado el sindicato en nota de prensa.
El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, censura que «el Gobierno haya llevado al límite esta situación incluso obviando un informe de la AIREF sobre la viabilidad y eficiencia del modelo, pero también criticamos la postura de las aseguradoras, que durante años han colaborado con el modelo de Muface, por lo que les pedimos que no abusen de su situación».
CSIF también reclama la negociación de un nuevo acuerdo salarial después de que el anterior, vigente para el periodo 2022-2024, haya supuesto «una pérdida de poder adquisitivo» del 6 % para el conjunto de empleados públicos, más de un 20 % en el caso de Castilla-La Mancha desde 2010. Asimismo, asegura el sindicato, también es preciso eliminar la tasa de reposición, asignar fondos adicionales para la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas, mejora de las condiciones de jubilación con la regulación definitiva de la jubilación parcial o adecuación de los grupos profesionales.
«RECORTES» EN CASTILLA-LA MANCHA
A la paralización de la carrera profesional y el impago de la productividad variable en la sanidad pública de Castilla-La Mancha se suman, según apunta el sindicato, las «restricciones» en las contrataciones para hacer frente a las incapacidades temporales, ausencias, permisos o jubilaciones; «un grave recorte» que también se produce en otros ámbitos como residencias de mayores, personal laboral de centros educativos (además de ratios y horarios lectivos superiores a los del resto de comunidades autónomas y una burocracia que ahoga a los docentes), escuelas infantiles, oficinas agrarias, delegaciones provinciales de la Junta, entre otros.
Además de los necesarios refuerzos de las plantillas para ofrecer unos servicios públicos de calidad, CSIF también expone la pérdida de derechos. «El Plan de Acción Social fue eliminado por Cospedal, un recorte que se ve agravado por la carencia de negociación para abordar una subida salarial en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha».
«Es necesario un compromiso con los servicios públicos de nuestra tierra, estamos cansados de promesas que no se cumplen. De manera continuada se desdeña el papel de los empleados públicos, fundamentales para reducir las desigualdades y para lograr una sociedad más justa e igualitaria», subraya Domínguez.
Asimismo, CSIF también censura la continuidad de las subvenciones concedidas a CCOO y UGT por parte del Gobierno que preside García-Page, que tras las últimas ayudas concedidas el pasado mes de diciembre ya acumulan más de 43,9 millones de euros desde 2014, según el sindicato.
