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Los 96.000 funcionarios de C-LM verán en la nómina de febrero la subida del 0,5 % adicional

Los 96.000 empleados públicos de Castilla-La Mancha verán reflejada en su nómina de febrero la subida del 0,5 % adicional de sus retribuciones prevista en la Ley de Presupuestos del Estado de 2023 en el caso de que la subida del IPC superara el 6 % previsto, como así ha sido.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de este martes en la que se ha dado autorización a esta medida que conlleva un coste de 19,8 millones de euros y tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023.

Ruiz Molina ha explicado que este aumento retributivo se ha podido hacer efectivo una vez que se ha publicado el acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 6 de febrero del 2024, que está vinculado al acuerdo marco suscrito en octubre del 2022 entre el Gobierno de la nación y las organizaciones sindicales.

Ha recordado que con la aplicación del incremento del 0,5 % aprobada en octubre, más este 0,5 % aprobado hoy referido al ejercicio 2023, la subida de las retribuciones de los empleados públicos para el 2023 asciende al 3,5 %.

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Si además se tiene en cuenta el incremento del año 2022, ha continuado el consejero, la subida total durante los dos años asciende al 7 %, y ha destacado que el Gobierno de Castilla-La Mancha aplica el incremento máximo que autoriza la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La subida de este 0,5 % va a beneficiar a los empleados públicos de la administración regional, a los trabajadores de las empresas y fundaciones del sector público regional y de la Universidad de Castilla-La Mancha y al profesorado vinculado a las plazas públicas en centros de enseñanza concertados.

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Para 2024 está previsto un incremento de las retribuciones del 2 % con carácter fijo, más la posibilidad de un incremento adicional del 0,5 % si el IPC acumulado de los ejercicios 22, 23 y 24 supera el 8 %, algo que se va a producir.

Por tanto, ha dicho Ruiz Molina, se está «a la espera de la normativa estatal que nos habilite para poder hacer efectivo ese incremento» en la nómina de los empleados públicos.

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