Hasta 2.300 familias con niños menores de 18 años a su cargo que se encuentran en situación de pobreza severa en Castilla-La Mancha se van a beneficiar de las llamadas ‘tarjetas monedero’, a través de las cuales podrán acceder a productos de alimentación y a otros productos básicos de primera necesidad en los diferentes establecimientos que se integran en este programa.
«No es que lo recibamos directamente, sino que ese es el volumen que se va a poder imputar a las tarjetas que se proponen desde los Servicios Sociales como un instrumento más dentro de la intervención que tienen con las personas cuando detectan que su carencia es de necesidades básicas», ha explicado.
Por encargo del Gobierno central, será Cruz Roja quien emita estas tarjetas. Esta entidad irá recargando las cantidades que se asignen en función de los miembros de la unidad familiar, que entre sus integrantes ha de tener a menores de 18 años y estar en intervención social.
«Los equipos de Servicios Sociales de toda nuestra red básica de Atención Primaria tienen que estudiar la situación familiar, los ingresos que tienen y ver su situación real, para valorar si este es el instrumento adecuado o pueden recibir otras prestaciones, porque hay muchas más».
ALCAMPO, EROSKI-CAPRABO Y CARREFOUR, SUPERFICIES ADHERIDAS
Tras señalar que los productos que puedan cargar a la tarjeta también están limitados, la viceconsejera ha expresado que, de momento, en Castilla-La Mancha son tres los supermercados que se han adherido a esta iniciativa -Alcampo, Eroski-Caprabo y Carrefour- que ofrecen 43 puntos de venta.
Aunque a nivel nacional son siete las superficies comerciales en las que se podrán emplear dichas tarjetas, el Gobierno regional trabaja en ampliar esos puntos de venta.
«Somos conscientes de que en 919 municipios hay muchas superficies de supermercados que no están implantados. Nuestro trabajo ahora es ir intentando ampliar el número de supermercados que van a participar de cara a 2025 y que estén lo más cercanos posible al punto de residencia de las personas beneficiarias».
«Cuando el punto de compra está un poco alejado, pueden hacer una compra grande de la que van tirando y van a poder elegir alimentos frescos a los que antes, con el sistema de reparto que hacían Cruz Roja y el Banco de Alimentos, no podían acceder», ha detallado Martín, que también ha destacado que las familias beneficiarias, al estar en intervención de los Servicios Sociales, van a tener un acompañamiento permanente a fin de hacer un buen uso del contenido que pueden imputar a las tarjetas.
De momento, el Gobierno regional no tiene datos de cuántas familias beneficiarias hay por cada provincia, pues el programa, que estaba previsto que arrancase en el mes de abril, aún no ha empezado a funcionar, pues no todas las cadenas de alimentación han firmado la adhesión.
«Mientras tanto, en Castilla-La Mancha hemos tenido una coordinación muy intensa con Cruz Roja y hemos hecho un manual que ya tienen todos los equipos de Atención Primaria, para que tengan criterios uniformes a la hora de adjudicar una tarjeta a una familia que pueda estar en estado de necesidad. Nosotros estamos en disposición de, en el momento que nos digan, empezar a hacer propuestas», ha aseverado.
Preguntada por las objeciones de las Comunidades Autónomas del PP, que se quejan de que los fondos que van a recibir no llegan para cubrir a todas las familias que tendrían que recibir esta prestación, la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales asegura que el Ejecutivo castellanomanchego tampoco está «satisfecho» con el volumen que se ha distribuido, «pero es el que ha venido de Europa».
«Sabíamos desde el principio el perfil de familias a las que era prioritario atender. Somos conscientes de que hay algunas en situación de pobreza que no van a poder acceder a la tarjeta monedero, porque o no todos los miembros de la unidad familiar residen en el mismo domicilio o porque no tienen hijos menores de 18 años. Para esos casos, los equipos de Servicios Sociales valorarán que otra prestación les es más idónea», ha indicado.
PETICIONES PARA EL CONSEJO TERRITORIAL DEL VIERNES
En cuanto al Consejo Territorial Extraordinario que han reclamado las regiones gobernadas por el PP, y que se va a celebrar este viernes, Guadalupe Martín ha indicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha reclamará «flexibilidad» en la aplicación de todo el programa. «No deja de ser un sistema nuevo y no está siendo fácil», reconoce.
Y es que Castilla-La Mancha aboga por que esa fase de pilotaje que tutela el Ministerio de Derechos Sociales se prorrogue más allá de enero de 2025, momento en el que está previsto que asuman la gestión los ejecutivos autonómicos.
«Pero parece ser que lo pactado dentro del Programa Operativo de Fondo Social Europeo es que, a partir del 2025, lo asumían las propias comunidades autónomas y, bueno, pues así lo asumimos, con absoluta responsabilidad».
Dicho esto, y tras criticar «cierto grado de resistencia» de algunas comunidades autónomas, en referencia al bloque de las del PP, la responsable castellanomanchega de Servicios y Prestaciones Sociales ha recordado que la introducción de este programa, que supone un cambio de modelo de la aplicación del FSE+, fue aprobado en 2022 de manera unánime por todas las CAAA en un Consejo Territorial.
«Hemos tenido tiempo de ir preparándonos, de ir viendo cómo lo trasladábamos a nuestra realidad territorial. La semana pasada hubo un grupo de trabajo técnico, al que Castilla-La Mancha asistió, pero hubo muchas comunidades que no acudieron. A las reuniones que citan, aunque sea para manifestar dudas y para aclarar determinadas situaciones, hay que acudir», ha criticado Martín.
«Todos debemos ponernos a trabajar al mismo ritmo para tener los mismos criterios que nos ha marcado el Fondo Social Europeo», ha reclamado Guadalupe Martín.
Al margen de prolongar el tutelaje del programa, el Gobierno de Castilla-La Mancha también va a sugerir poder ampliar los puntos de venta. «Nosotros tenemos muchos comercios en pueblos pequeños y tendremos que ver si están en condiciones de participar o no en el programa. Ahí también pedimos la máxima flexibilidad», ha concluido.
