La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha advertido este miércoles de que la falta de profesionales de los Equipos Técnicos de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) ralentiza los procesos judiciales e incluso llega a paralizarlos en la región.
Estos Equipos Técnicos multidisciplinares están formados por psicólogos, trabajadores sociales y educadores que pertenecen al Personal Laboral del IV Convenio Único de la Administración General del Estado (AGE) y prestan su servicio en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia que cuenta con centros en todas las provincias de Castilla-La Mancha, cuya misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia en el ámbito de su disciplina científica, según ha transmitido CSIF mediante nota de prensa.
La central sindical ha recordado que la labor de este personal es esencial, puesto que elaboran informes periciales de gran complejidad y trascendencia para las personas implicadas en un proceso judicial, tanto civiles como penales.
Además, han recordado que los psicólogos forenses también realizan las pruebas preconstituidas de menores y personas con algún tipo de discapacidad que son víctimas de delitos de violencia sexual o violencia doméstica y, en el caso de menores infractores, el informe técnico es preceptivo según se recoge en el Reglamento de la LO 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor.
La presidenta del Sector de Administración General del Estado de CSIF Castilla-La Mancha, Sofía Molina, ha subrayado que «sin ellos no se pueden emitir sentencias, por lo que si no hay un informe del equipo psicosocial se paraliza literalmente la justicia, son un eslabón muy importante en la cadena judicial, y sin embargo están totalmente abandonados. La cantidad de trabajo es enorme y son muy pocos, están desbordados».
Desde el sindicato se afirma que el déficit estructural de personal se debe a que muchas plazas se quedan desiertas por las malas condiciones laborales y salariales, debido a que no se cubren las bajas por enfermedad ni las jubilaciones, así como tampoco se abonan los complementos salariales que les corresponden por su especial responsabilidad y cualificación técnica, motivo por el que se está produciendo una gran movilidad a otros ministerios y administraciones regionales donde sí perciben estos complementos y que, en algunos casos, puede llegar a superar el 40 % de las retribuciones.
Así, señalan que de las 10 plazas del Instituto de Medicina Legal de Toledo (5 psicólogos, 4 trabajadores sociales y 1 educador), actualmente quedan por cubrir cinco plazas; es decir, la mitad de la plantilla. En Albacete, con 3 psicólogos, 2 trabajadores sociales y un educador, falta una vacante por cubrir; en Ciudad Real hay dos vacantes en una plantilla formada por 4 psicólogos, 4 trabajadores sociales y 2 educadores sociales; en Guadalajara, con 3 psicólogos, 2 trabajadores sociales y un educador, hay una vacante no cubierta; en Cuenca también hay otra vacante para 3 psicólogos, 3 trabajadores sociales y otro educador social.
El sindicato apunta que a estas plazas no cubiertas hay que sumar al personal que se encuentra de baja, incidiendo en que la ausencia de alguna de las categorías imposibilita la presentación de los informes.
Molina ha señalado que «son profesionales con una enorme responsabilidad y sin embargo son maltratados, muchos abandonan en busca de mejores empleos, y además quien sufre esta situación son las personas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, incluso en menores con casos dramáticos con abusos sexuales, y que están inmersas en un proceso penal, personas que están viviendo situaciones terribles y que ven que su juicio no se celebra porque falta un informe».
