Los cazadores españoles han exigido al Gobierno de España rigor y datos acreditados para elaborar la estadística sobre abandono de perros que planea la Dirección General de Derechos de los Animales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
El sector cinegético considera “inaceptable” la falta de rigor de la Dirección General de Derechos de los Animales, que pretende elaborar una estadística oficial a través de un cuestionario publicado en Internet que solo podrá ser respondido por protectoras animalistas, ha informado este jueves en un comunicado la Fundación Artemisán, con sede en Ciudad Real.
Asimismo, ha criticado que la Dirección General ha hecho un llamamiento público a través de redes sociales, o por ayuntamientos, a través de un trámite burocrático diferente y más complejo.
Como ejemplo de falta de garantías, la Fundación Artemisan ha puesto que en este cuestionario se pide a las protectoras que indiquen cuántos de los perros rescatados son “perros de caza o cruces de perros de caza”, basándose únicamente en su raza, sin necesidad de justificar si son propiedad de un cazador o si realmente han sido empleados para la actividad cinegética.
Según la fundación, esta circunstancia «evidencia el sesgo de una estadística diseñada para criminalizar a los cazadores con las aportaciones de entidades que, en su mayoría, están integradas en plataformas anti caza».
Ante la elaboración de una estadística que pretende ser de carácter oficial, Fundación Artemisan y numerosas entidades del mundo de la caza exigen a la Dirección General de Derechos de los Animales y al Gobierno de España que tengan en cuenta datos oficiales, acreditados y contrastados, como los aportados por la Guardia Civil.
Plantean que se establezca un sistema de control que permita verificar que los datos aportados por las protectoras animalistas son ciertos y rigurosos.
Y también exigen «transparencia y rigor» en la elaboración de esta estadística que la fundación entiende que «pretende servir como argumento para la toma de decisiones que afectarán al sector cinegético, entre otros muchos, y que, de ninguna manera, puede estar basada en un proceso inseguro, opaco y carente de garantías, algo totalmente inaceptable viniendo de una administración pública.
