La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 17,5 en toda España, 0,9 puntos más baja que en el primer trimestre de 2023. Por encima de la media nacional se situaron Navarra, 30,1; Baleares, con 27,3; Murcia, con 24; Comunidad valenciana, con 22,3; Canarias, con 22,1; Andalucía, con 19,9; y Madrid, con 17,9. Las tasas inferiores a la media nacional se registraron en La Rioja, con 10,6; Castilla y León, con 12; Galicia, con 12,2; Castilla-La Mancha, con 13,4; Extremadura, con 13,5; País Vasco y Cataluña, con 13,8; Aragón, con 14,3; Asturias, con 14,9 y Cantabria, con 17.
A nivel nacional, según ha informado este viernes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el ‘Informe trimestral sobre Violencia de Género’ del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, el número de mujeres víctimas de violencia de género ha bajado un 3,28 % en el primer trimestre de este año, entre enero y marzo, con respecto al año anterior. Se trata de la primera bajada desde la pandemia.
En este sentido, refleja que en el periodo analizado se registraron 43.580 mujeres víctimas y 45.899 denuncias, un 3,28 % y un 1,17 % menos que hace un año, respectivamente, cuando se registraron 45.060 y 46.443. Se trata de un leve descenso pese al que el número diario de mujeres víctimas en los primeros 91 días del año ascendió a 479 y el de denuncias, a 504. El 65,16% de las víctimas tenía nacionalidad española y las víctimas menores tuteladas ascendió a 122.
Asimismo, el Observatorio indica que la proporción de denuncias presentadas por las propias víctimas, bien en comisaría bien en el juzgado, «sigue manteniéndose constante». Dos de cada tres denuncias (33.132, el 72,19 %) fueron presentadas por la víctima, mientras que los familiares presentaron 808 denuncias (1,76 % del total); por parte de lesiones recibido directamente en el juzgado, 3.319 (el 7,23 %) y por servicios de asistencia y terceros, 1.221 (2,66 %). Por último, las denuncias por intervención directa de la policía, 7.419 en total, que representan el 16,16 % del total.
Respecto al porcentaje de mujeres víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar, este se redujo en torno a un punto porcentual con respecto al año anterior. En el trimestre analizado, renunciaron a declarar contra su agresor 4.014 mujeres víctimas, el 9,21 % del total. De ellas, 2.287 eran españolas y 1.721 tenían otras nacionalidades.
La disminución del número de denuncias y de víctimas apenas se ha visto reflejada en las órdenes de protección. Entre enero y marzo de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 11.783 órdenes de protección, un 1 % más que hace un año. De ellas, 9.907 (84 %) fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 1.876 (16%) por los juzgados en funciones de guardia.
UN 1,8 % MENOS DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN QUE HACE UN AÑO
Las órdenes de protección acordadas sumaron en total 8.038, un 1,8 % menos que hace un año. Es decir, en el trimestre analizado se acordaron una media de siete de cada diez (68,21 %) órdenes de protección solicitadas. Los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron 6.597, el 66,5 % de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 1.441, el 76,8 % de las solicitudes registradas.
En el 46,2 % de los casos, la relación de pareja se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección al juzgado de violencia sobre la mujer o al juzgado de guardia. Dos de cada tres mujeres (6.522, el 65,8 %) que solicitaron protección eran españolas y un 2,7 % del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad.
Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 14.378 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). De ellas, 11.212 (78 %) se acordaron en el ámbito de la orden de protección y 3.166 (22 %), como medidas cautelares.
LAS ÓRDENES DE ALEJAMIENTO, LAS MÁS FRECUENTES
En el ámbito penal, las más medidas frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (5.657), que representaron el 67,26 % del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (5.591), un 66,35 % del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas.
Asimismo, los órganos judiciales dictaron 4.711 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. De ellas, 4.445 (94 %) se acordaron en el ámbito de la orden de protección y 266 (6 %), como medidas cautelares. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.529), que representaron el 21,8 % del total de órdenes de protección y medidas civiles adoptadas, y la suspensión del régimen de visitas (1.014), el 14,52 % del total de órdenes de protección y medidas civiles adoptadas.
Otras medidas civiles adoptadas fueron la atribución de la vivienda (984) y la suspensión de la guardia y custodia (537). Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron también 17 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y en 82 casos suspendieron la patria potestad.
El número de medidas civiles consistentes en la suspensión del régimen de visitas, que los juzgados de violencia sobre la mujer dictan para proteger a los hijos e hijas de las víctimas, mantuvieron la tendencia al alza mostrada desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Así, durante el primer trimestre de 2024, se adoptaron 1.014 medidas de este tipo, un 2,5 % más que hace un año.
CASI UN 4 % MÁS DE SENTENCIAS DICTADAS
En cuanto a las sentencias, los órganos judiciales dictaron un total de 15.479, un 3,98 % más que en el mismo periodo de 2023. El 79,94 % de esas resoluciones (12.374) contenían un fallo condenatorio, lo que supone ocho de cada diez sentencias. Fueron absolutorias un total de 3.105 sentencias, el 20,06 %.
El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 91,36 %, y en las audiencias provinciales, con el 83,87 % del total de sentencias dictadas. Los juzgados de lo penal impusieron condenas en el 70,40 % de los casos enjuiciados.
Por su parte, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, ha advertido de que hay que ser «prudentes» en el análisis de los datos del primer trimestre del año y «no avanzar conclusiones» hasta comprobar si la disminución de las denuncias (de un 1,17 %) y víctimas (de un 3,28 %) responde a un «hecho aislado» o al «inicio de una tendencia a la baja» en las cifras que recoge la estadística.
A su juicio, podría tratarse de una disminución de los casos de violencia machista, situación ante la que ha dicho que «cabría mostrarse optimistas pero sin bajar la guardia y sin dejar de invertir y de desarrollar medidas de prevención, de atención integral a las víctimas y de persecución del delito por las Fuerzas de Seguridad del Estado y por la Justicia».
Además también ha apuntado que podría tratarse de una reducción de las denuncias. Esta circunstancia «muy preocupante» ha señalado que «requeriría un análisis en profundidad de sus causas y la puesta en marcha de nuevas medidas que contribuyeran a aumentar la confianza de las víctimas en las instituciones, poniendo de manifiesto la importancia de la denuncia como único medio para evitar la impunidad de los maltratadores y para dotar de mayor protección a las mujeres y a sus hijos e hijas».
