Castilla-La Mancha se ubicó por debajo de la media española en la tasa de víctimas de violencia de género en el segundo trimestre del año, con un total de 15,3 por cada 10.000 mujeres, según el ‘Informe trimestral sobre Violencia de Género’ dado a conocer por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género.
A nivel nacional, el número de denuncias por violencia de género subió un 4,79 % en el segundo trimestre de 2024, al registrarse un total de 50.536, un aumento respecto a las 48.227 presentadas en el mismo periodo de 2023. Mientras, las mujeres víctimas fueron 46.135, un 1,44 % menos que hace un año, cuando se contabilizaron 46.808.
El informe alerta de que, entre abril y junio de este año han sido «muy inferiores» en número las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (867), que apenas alcanzaron el 1,72 % del total.
En todo caso, del documento se desprende que, una vez más, en dos de cada tres casos (36.735, el 72,69 %), las denuncias fueron presentadas por la propia víctima bien en el juzgado bien en comisaría.
Asimismo, aumentaron levemente las denuncias derivadas directamente de atestados policiales (8.027), que representaron el 15,88 % del total. Las originadas por parte de lesiones recibido en el juzgado fueron 3.330 (6,59 %), mientras que las presentadas por terceros sumaron 1.577 y representaron el 3,12 % del total.
En cuanto a las víctimas, un trimestre más, dos de cada tres víctimas (el 62,82 %) tienen nacionalidad española, mientras que el 37,18 % restante proceden de otros países. El número de víctimas menores tuteladas ascendió a 141, una cifra un 3,6 % más que la registrada en el mismo trimestre de 2023 (136).
En cuanto a la tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres esta indica que disminuyó en relación con la del segundo trimestre de 2023 al situarse la media nacional en 18,5 frente a la media 19,2 de hace un año.
BALEARES, CON LA MAYOR TASA DE VÍCTIMAS DE ESPAÑA
Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 28,5 víctimas cada 10.000 mujeres; Comunidad Valenciana, con 24,1; Canarias, con 23,1; Murcia, con 22,4; Navarra, con 21,5; Andalucía, con 21,1; y Madrid con 19,4. Las tasas inferiores a la media nacional se contabilizaron en Castilla y León, con 11,9; La Rioja, con 12,5; Galicia, con 13,1; Cantabria, con 13,5; País Vasco, con 14; Extremadura, con 14,3; Cataluña, con 15,1; Castilla-La Mancha, con 15,3; Asturias, con 15,9; y Aragón, con 17,6.
Asimismo, según el informe, diez de cada 100 víctimas renunciaron a declarar contra su agresor. En concreto, el porcentaje de víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar volvió a experimentar un aumento significativo: un 9,26 % más que en el mismo periodo de 2023, lo que supone que tomaron esta decisión 11,23 de cada cien mujeres víctimas de violencia de género. En el trimestre analizado fueron 5.181 las mujeres víctimas que renunciaron a declarar contra su agresor; de ellas, 2.792 (el 53,88 %) eran españolas y 2.389 (el 46,11 %) tenían otras nacionalidades.
En cuanto a las órdenes de protección, entre abril y junio de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 12.674, un 0,7 % menos que hace un año. De ellas, 10.604 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 2.070 por los juzgados en funciones de guardia.
Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 8.589, un 3,6 % menos que hace un año, lo que significa que se concedieron siete de cada diez (el 67,7 %). Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron 7.051 el 66,5 % de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 1.538, el 74 % de las solicitudes registradas. En el 45,7 % de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección al órgano judicial. Dos de cada tres mujeres (6.738, el 63,5 %) que pidieron protección eran españolas y 248, el 2,3 % del total contando españolas y extranjeras, eran menores de edad.
Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 16.566 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (6.147), que representaron el 70,33 % del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (6.103), un 70,06 % del total.
Asimismo, los órganos judiciales dictaron 5.095 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.535), que representaron el 20,29 % del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (1.164), el 15,77% del total. En ambos casos, los porcentajes descendieron levemente con respecto a 2023.
Durante el segundo trimestre de este año también se acordaron 1.076 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas y 588 medidas civiles consistentes en la suspensión de la guardia y custodia, cifras que representan el 14,08 % y el 7,96 % del total de medidas civiles acordadas en el periodo analizado, respectivamente. Asimismo, se acordaron 24 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y, en 145 casos, se suspendió la patria potestad.
Respecto al número de sentencias dictadas en el trimestre fue de 16.962, un 10,19 % más que en el segundo trimestre de 2023. De ellas, 13.615 (el 80,27 %) fueron condenatorias y 3.347 (el 19,73 %), absolutorias. El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo, como en años anteriores, en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 91,60 %. Las audiencias provinciales impusieron condenas en el 77,27 % de los casos y los Juzgados de lo Penal, en el 69,95 %.
