Amnistía Internacional Castilla-La Mancha ha dirigido una carta al consejero de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, en la que pide que el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha declare las zonas tensionadas en Castilla-La Mancha y, por tanto, se regule el precio del alquiler en las mismas.
Según ha informado la organización en nota de prensa, dicha medida no es excluyente con invertir en aumentar la oferta de vivienda o construir más vivienda social, sino que ambas medidas son necesarias para garantizar el derecho a la vivienda.
Amnistía Internacional expresa en la misiva una serie de preocupaciones sobre el ejercicio del derecho a la vivienda en Castilla-La Mancha tras la reciente publicación del índice de referencia que permitirá la declaración de zonas tensionadas y la regulación de los precios del alquiler en España, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Vivienda, que entró en vigor el pasado 26 de mayo de 2023.
El 27 de febrero, el Gobierno publicó el índice de precios de referencia para regular los alquileres. Este mecanismo de control de precios del alquiler, señalan, se dirige básicamente a grandes tenedores en zonas tensionadas y establece un sistema estatal de referencia en base a los contratos que están actualmente en vigor.
En este sentido, comentan que, para que se pueda aplicar, es necesaria la declaración de zonas tensionadas, que tienen que ser solicitadas por las comunidades autónomas, quienes deben presentar a su vez otra serie de medidas como aumentar la oferta o las ayudas, entre otras medidas.
Recientemente, lamentan, el Gobierno autonómico «ha manifestado su negativa» a regular el precio del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas, salvo que los ayuntamientos así lo soliciten. Apuntan que las comunidades autónomas tienen competencias en materia de zonas tensionadas y Amnistía Internacional considera que los gobiernos «deben ser proactivos en el cumplimiento de las mismas». «No deben limitarse a gestionar solicitudes de ayuntamientos, sino que deben promover el establecimiento de estas zonas».
Respecto a la vivienda social, Amnistía internacional recuerda en su carta al consejero que el propio proyecto de ley reconoce que el parque de vivienda social «apenas ofrece cobertura a un 1,6 por ciento de los 18,6 millones de hogares que habitan en España, lo que contrasta con los porcentajes sensiblemente superiores al 15 por ciento registrados en algunos de los principales países de nuestro entorno como Francia, Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Austria o Dinamarca, considerando el total del parque de vivienda social».
PIDE UN «COMPROMISO FIRME»
Por ello, Amnistía internacional insta a que haya un «compromiso firme» por parte de la Consejería de un incremento progresivo del parque de vivienda social y que este aumento quede reflejado en un porcentaje anual.
A este respecto, recuerdan que el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha manifestado públicamente en varias ocasiones su intención de elevar la oferta disponible mediante la «promoción de la construcción de 10.000 viviendas en los lugares de la región donde mayor es la demanda y más difícil el acceso a una vivienda», pero, a la vez, «ha declarado su negativa a regular los precios del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas».
HERNANDO PIDE QUE SE HAGA CON «CONSENSO»
El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha abogado por que la declaración de una zona tensionada en el mercado del aquiler se haga con «consenso» y sea una decisión que forme parte de un proceso participativo para evitar que «sea difícil» el que luego haya quien, «por motivos ideológicos o partidistas», quiera revertir esa resolución.
Así ha reaccionado el consejero al ser preguntado por la carta que le ha enviado Amnistía Internacional pidiéndole que el Gobierno de Castilla-La Mancha declare las zonas tensionadas en Castilla-La Mancha y, por tanto, se regule el precio del alquiler en las mismas.
«Nosotros lo que hemos dicho es que, antes de declarar un municipio como zona tensionada en el mercado del alquiler, que se tenga en cuenta la opinión del ayuntamiento, que es la administración más cercana a la ciudadanía, y que incluso los ayuntamientos lo que planteen es un proceso participativo, para que los vecinos y vecinas, de forma concreta, puedan opinar y puedan expresar su opinión».
El titular de Fomento no cree que se deba «eliminar la participación pública» a la hora de tomar decisiones que «afectan y con calado a nuestra propiedad y a nuestra convivencia».
Según ha recordado, «el vivir en una ciudad o en un municipio, también conlleva el tener que hablar las cosas entre todos».
Considera que Amnistía Internacional no ha entendido bien el planteamiento, puesto que «no se trata de negarse, simplemente se trata de pedir opinión a mucha más gente, para que sea una decisión mucho más consensuada, en la que, de esa manera, sea difícil el que luego haya quien, por motivos ideológicos o partidistas quieran revertir una decisión», ha concluido.
