La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha destacado que actualmente en la región habrá 84 menores no acompañados bajo tutela autonómica con los 20 del reparto de este año que corresponden al acuerdo de 2023 y que ya han empezado a llegar.
Tal y como ha apuntado en declaraciones a los medios desde Cuenca, esa veintena de menores no se han acogido «porque el Gobierno de Canarias no da abasto para tramitar toda la documentación necesaria y remitir a los menores a las comunidades autónomas» «Llevamos desde el mes de octubre del año pasado insistiendo en que se agilizarán esos trámites», ha señalado, matizando que en abril de 2024 consiguieron firmar los acuerdos.
«Queremos seguir ayudando, queremos seguir aportando y queremos seguir acogiendo a todos los menores que así lo necesiten y dándoles toda la cobertura suficiente, por supuesto, sin que perjudique a nuestro sistema de protección que tenemos en Castilla-La Mancha, un sistema de protección amplio, pero ya también un poco sobrecargado», ha apuntado.
De los 20 nuevos menores, ha dicho, ya han llegado los diez primeros, que serán acogidos «con los brazos abiertos», tal y como ha afirmado.
Ahora hay recursos «en todas las provincias» y se adjudicarán las plazas atendiendo a las necesidades de cada uno de los menores.
En este contexto, la titular de Bienestar Social ha afirmado que «un gobierno debe tener claro qué es lo que quiere para su ciudadanía», y en Castilla-La Mancha ha afirmado García Torijano, «lo tenemos claro, porque vamos a seguir ayudando y acogiendo a todos los menores que así lo necesiten y dándoles toda la cobertura suficiente, sin que perjudique a nuestro sistema de protección».
Así, ha subrayado que Castilla-La Mancha tiene un sistema de protección amplio, pero también un poco sobrecargado, una situación ha remarcado García Torijano, «le hemos trasladado al Ministerio en todas las conferencias sectoriales, pero especialmente en esta que se desarrolló en Tenerife; con la importancia que tiene financiar adecuadamente con fondos del Estado este tipo de recursos para poder atender a los niños con todas las garantías».
