La Comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla-La Mancha ha retomado su reunión suspendida el pasado 10 de junio para debatir las enmiendas y elaborar el dictamen definitivo de la Ley de Integridad Pública de la región, una norma vista para sentencia en su próximo debate parlamentario con el apoyo de PP y PSOE, ante las críticas de Vox al considerar que en el texto se recoge una «paguita» encubierta para políticos que dejen de serlo y no regresen a su trabajo, y que podrán recibirla durante un plazo de dos años.
El diputado de Vox, Luis Blázquez, ha aplaudido la ley, si bien ha considerado que las cosas «se han hecho mal» y la proposición del Gobierno, que debería ser para aplacar la corrupción, «llega tarde», y hasta la fecha se aplicaba de manera «parcial» una norma de 1994.
Todo ello junto a un «batiburrillo de leyes» que operaban hasta ahora y que venían a demostrar que las regulaciones anteriores no funcionaban.
«Alardean de sus gestores públicos pero desde 2006 ni PP ni PSOE han sido capaces de dictar una norma al respecto», ha señalado.
Le llama la atención que la ley quiera centralizar en un solo órgano todo el control, por lo que ha preguntado qué ocurrirá con Portal de Transparencia, con las unidades de transparencia o con el Consejo de Transparencia.
Por tanto, cree que «la intención de esta ley es camuflar una paga para los altos cargos del gobierno que cesan por cualquier causa».
PP Y PSOE, DE LA MANO
La diputada del PP Carolina Agudo ha dicho, de su lado, que esta norma «da seguridad jurídica al gobierno y un mayor control del Parlamento».
Por eso, el texto, que «no suena mal», ha merecido que PP consensúe las enmiendas con el PSOE. Según su testimonio, ha considerado como «justo» que los políticos que cesen tengan garantía durante dos años tras su cargo.
«La ley evita, además, la indefensión de todos los cargos», ha dicho antes de mostrar su rechazo a las enmiendas presentadas de Vox.
La diputada del PSOE, Isabel Abengózar, se ha alineado con Agudo y ha apuntado que sus enmiendas «vienen a planificar y hacer más entendible el texto» de una ley que «viene a cumplir un compromiso del presidente, Emiliano García-Page».
«Creo que cuando las instituciones se rigen por la integridad, nos va mejor. Esto da una mejor eficiencia de las instituciones», han apuntado.
Al testimonio de Vox ha respondido que en materia de transparencia el Gobierno regional «siempre ha ido por delante», y ahora sólo se pretende «ir más alla y adaptarse a la normativa y a la sociedad actual». «La ley no camufla una paga. Pero con toda honestidad, esto es dar al que se dedica a la política igualdad ante los ciudadanos. No es una paga, es una prestación por desempleo».
PP y PSOE han presentado las enmiendas de forma conjunta, y al respecto de una de ellas, ha criticado la que reza que cuando un político cese y no vuelva a su trabajo anterior por cualquier causa, «tendrán una paga durante dos años». «Pagarle durante dos años para no hacer absolutamente nada. Una tomadura de pelo».
