El PP de Castilla-La Mancha ha materializado en sus propuestas de resolución en el Debate del Estado de la Región los pactos regionales que el presidente regional del partido, Paco Núñez, ofreció al jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, al tiempo que pide la retirada de la ley que reduce condenas a presos de la banda terrorista ETA condenados por delitos de sangre.
En materia de agricultura, el PP solicita la protección a los productos procedentes de la UE, la flexibilización de la Política Agraria Común, la supresión del canon del plástico, nuevas ayudas para solventar los efectos de la sequía, ayudas a las industrias agroalimentarias, la revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria o eliminar definitivamente la ley de agricultura familiar y acceso a la tierra en Castilla- La Mancha.
También solicita aprobar y poner en marcha un plan de apoyo y defensa de la ganadería de Castilla-La Mancha, cumplir los compromisos concretos y promesas adquiridos con los agentes medioambientales, impulsar un foro de análisis y formulación de propuestas que analicen la realidad de la caza en Castilla-La Mancha, un plan de gestión sostenible del lobo o un completo análisis de las plantas de biogás.
Respecto a educación, el PP pide un pacto regional por la educación que incluya la gratuidad de 0 a 3 años, que refuerce planes de estudio, que dignifique a los profesores, que contemple para el próximo curso la gratuidad del primer año de matriculación en la universidad regional para los estudiantes de Castilla-La Mancha e implantar las ‘Becas Talento’ que premien el esfuerzo de los estudiantes.
En bienestar social propone promover y poner en marcha un pacto regional que contemple un verdadero plan de rescate de las familias castellanomanchegas dentro de la cobertura del sistema público de prestaciones sociales y económicas de la Junta de Castilla-La Mancha o la actualización de los precios/día de las plazas públicas residenciales concertadas y viviendas para personas mayores.
SANIDAD
En sanidad el PP también pide un plan específico para la disminución de las listas de espera, una partida de diez millones de euros de modo exclusivo y finalista al mismo propósito, publicar con rigor y transparencia los datos de todas las listas de espera, recuperar los nuevos reconocimientos y pagos de la carrera profesional sanitaria y dotar a la Atención Primaria de los recursos necesarios o aprobar un Plan de Ayudas Directas a la Natalidad.
Garantizar una oferta de contratación laboral en Castilla-La Mancha para cada titulado universitario que realice y concluya sus estudios en la región, impulsar la implantación de autónomos y/o empresas dirigidas por jóvenes menores de 35 años en los viveros de empresas o establecer beneficios fiscales añadidos de hasta 3.000 euros para los jóvenes emprendedores o ampliar la financiación para la contratación de personas jóvenes desempleadas por las administraciones públicas, son algunas de las propuestas en materia de juventud.
Además, solicita impulsar un plan integral de vivienda que posibilite realmente a los jóvenes el acceso asequible a las mismas o un nuevo marco fiscal de ayudas a la adquisición y alquiler de vivienda que contemple establecer el cien por cien de deducción en la cuota íntegra autonómica de los gastos en intereses por la financiación ajena de la adquisición de la primera vivienda habitual por menores de 35 años.
En materia económica, el PP propone la concesión de ayudas para quienes se constituyan como trabajadores por cuenta propia e inicien una actividad empresarial, ayudas de 3.000 euros a los autónomos que trasladen su actividad económica a Castilla-La Mancha, negociar una modificación en los planes de empleo en coordinación con las Diputaciones o una tarifa cero para las personas trabajadoras autónomas durante los dos primeros años.
Los ‘populares’ instan al Gobierno regional elaborar un plan estratégico del sector logístico en Castilla-La Mancha acompañado de un plan de inversiones reales que impulsen las plataformas logísticas, concluir la correcta ejecución del III Plan de Carreteras y un plan regional de transporte de viajeros.
En cuanto a deporte, cultura y turismo, propone promover una mesa de deporte con las cinco provincias que integren los principales implicados con las distintas administraciones y la Junta, que los centros educativos sean al mismo tiempo centros promotores de actividad física, fomentar y apoyar al deporte femenino y su conciliación familiar y la creación de un programa específico para deportistas de élite.
A ello añade la actualización de los BIC de la región indicando la restauración necesaria y la inversión realizada, dotar de mayor presupuesto a la Red de Artes Escénicas, dotar a los municipios de una carta arqueológica, la definición de rutas turísticas que puedan comunicar unos destinos con otros, intensificar el apoyo a las visitas guiadas formando a los profesionales locales y protegiendo el turismo rural, impulsar el turismo cinematográfico, nuevas líneas de ayudas a hoteleros, restauradores, agencias de viajes, guías turísticos, casas rurales y establecer líneas de apoyo al emprendimiento turístico.
FISCALIDAD
Las propuestas de fiscalidad de los ‘populares’ pasan por deflactar el tramo autonómico del IRPF reduciendo los tipos y modificando al menos los tres primeros tramos, así como los mínimos personales y el resto de las deducciones, la eliminación del Impuesto de Sucesiones, elevar los porcentajes de bonificación del Impuesto sobre Donaciones en las transmisiones, reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 9 % actual al 6 % en el gravamen general o reducir a la mitad el tipo impositivo general de Actos Jurídicos Documentados.
Para el PP también es importante frenar cualquier planteamiento de ruptura del régimen común de financiación autonómica tal y como reclama el separatismo catalán por lo que manifiesta su rechazo frente al anunciado modelo de concierto para Cataluña con el fin de combatir cualquier intento del Gobierno central de atacar la autonomía fiscal de Castilla-La Mancha.
Finalmente, el PP también recoge en sus resoluciones medidas en materia de seguridad ciudadana e inmigración, instando a combatir la ocupación ilegal, el refuerzo de plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil o rechazado el propósito del Gobierno de España de establecer un centro de inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real.
